El Consenso de Panamá, Salud mental, Derechos Humanos y el salto hacia la comunidad
Hablar de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos significa reconocer que las personas que viven con un trastorno mental, una discapacidad psicosocial o una problemática relacionada con el consumo de sustancias no dejan de ser titulares de derechos, por el contrario, debido a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que históricamente han enfrentado, requieren de una protección reforzada por parte del Estado.
Durante décadas, la atención de la salud mental en América Latina estuvo marcada por modelos institucionales caracterizados por la concentración de los servicios en hospitales psiquiátricos y por el aislamiento de las personas respecto de sus familias y comunidades, frente a esta realidad, diversos instrumentos internacionales fueron impulsando una transformación progresiva hacia un modelo comunitario, integral y respetuoso de los Derechos Humanos.
En esta evolución ocupa un lugar fundamental el Consenso de Panamá, aprobado en octubre de 2010, 20 años después de la Declaración de Caracas de 1990, la conferencia reunió a trabajadores de salud mental, autoridades nacionales, organizaciones defensoras de Derechos Humanos, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, usuarios de los servicios de salud mental y familiares.
Este Consenso representó una reafirmación del compromiso regional con la transformación de los servicios de salud mental y colocó en el centro la idea esencial de que la atención debe desarrollarse en la comunidad y con pleno respeto a los Derechos Humanos.
El Consenso de Panamá iniciado con la Declaración de Caracas de 1990, planteó la necesidad de reestructurar la atención psiquiátrica en América Latina, cuestionó el modelo basado predominantemente en hospitales psiquiátricos y promovió servicios comunitarios vinculados con la atención primaria de salud.
Constituyó un nuevo llamado regional para pasar de los principios y compromisos a transformaciones concretas de las políticas y servicios impulsando a los gobiernos a implementar estrategias y planes de acción en salud mental y promovió el fortalecimiento de sistemas descentralizados y comunitarios.
Uno de los principales mensajes del Consenso de Panamá es que la salud mental debe ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas establece que los Estados deben desarrollar políticas, programas y presupuestos suficientes que permitan garantizar el acceso efectivo a servicios de calidad con la premisa de que las personas deben recibir atención, siempre que sea posible, dentro de su comunidad y no ser separadas innecesariamente de su entorno familiar y social.
Este consenso detonó la década del salto hacia la comunidad por un continente sin manicomios en el 2020, la expresión “sin manicomios” no debe entenderse exclusivamente como la desaparición física de determinados edificios. Representa, sobre todo, el abandono de un modelo de atención basado en el aislamiento, la segregación y la exclusión porque el verdadero objetivo es sustituir una cultura institucional por una cultura de inclusión en donde una persona con un problema de salud mental debe poder vivir con su familia, estudiar, trabajar, participar en su comunidad, establecer relaciones sociales y desarrollar su proyecto de vida.
El Consenso de Panamá coloca la protección de los Derechos Humanos como uno de los objetivos esenciales de las políticas de salud mental, lo que significa que la atención debe respetar la dignidad, autonomía, integridad, libertad, privacidad e igualdad de las personas porque una persona con un trastorno mental no pierde sus derechos por el hecho de recibir atención psiquiátrica.
El propio marco mexicano ha reconocido la relevancia de instrumentos como la Declaración de Caracas, los Principios de Brasilia y el Consenso de Panamá como referentes para orientar las políticas y servicios de salud mental hacia los derechos humanos y la atención comunitaria, porque cuando una sociedad reconoce que una persona con discapacidad psicosocial o un problema de salud mental conserva íntegramente su dignidad y sus derechos, comienza a construir una mejor sociedad
TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS.
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ)