CIUDAD DE MÉXICO. Por transas en contratos en el ISSSTE y en el IPN, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución de Javier Tapia Santoyo, actualmente secretario de Administración en la institución educativa, por desvío de recursos y por ocultar su enriquecimiento.
Santoyo es investigado por irregularidades en contrataciones de servicios de limpieza en el IPN y de compra de productos médicos en su paso por el ISSSTE, donde fue como tesorero.
«Se investiga la presunta obtención de recursos financieros no fueron declarados mediante los instrumentos la rendición de cuentas previstos en la legislación fiscal», cita el expediente de la investigación a la que Grupo REFORMA tuvo acceso y en el que se solicita al director del Instituto Político Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval, la suspensión inmediata de Tapia Santoyo.
En el IPN, el funcionario otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos otorgado a la empresa Servicios Integrales Retimar –señalada de pertenecer al llamado «cartel de la limpieza» por su serie de contratos en el servicio público–.
Justamente hace poco más de una semana, personal de limpieza del Instituto realizó diversas protestas por la falta de pagos oportunos.
Pero la investigación también abarca operaciones realizadas en el periodo 2019-2022, cuando Tapia era tesorero del ISSSTE y recibió depósitos en cuentas bancarias propias y de dos empresas con las que el funcionario tiene relación: Human Mobile Systems y Labi Scientific.
Como tesorero del ISSSTE, Tapia Santoyo presuntamente otorgó recursos públicos para insumos médicos a una red corrupción de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que se habrían embolsado más de mil 613 millones de pesos.
En el caso del contrato de servicios de limpieza en el IPN, Tapia Santoyo pudo haber limitado la libre participación de posibles proveedores en el proceso de licitación, favoreciendo o dirigiendo a la adjudicación a una persona moral en específico.
Además fue otorgado dicho contrato de forma plurianual, para los años 2025, 2026, 2027 y 2028, por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.Por estos hechos, el sistema de denuncias advierte enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.
Se precisa que la Secretaría Administrativa del Instituto Politécnico Nacional fungió en dicha operación como área requiriente y Javier Tapia como el titular responsable.
Además de la suspensión, la Secretaría Anticorrupción ordenó también la suspensión del acceso del servidor público a su cuenta de correo institucional, a cuentas de sistemas institucionales y al uso de recursos públicos financieros, humanos y materiales.
«Existe un riesgo real inminente de que, de continuar desarrollando las funciones inherentes al cargo, pueda entorpecer, manipular o eliminar alguna prueba que pudiese resultar contraria a sus intereses», dice la solicitud.