CDMX. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aceptó reformar su acuerdo para evaluar el desempeño de más de 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, para que sus puestos dejen de estar en riesgo por dicho proceso.
Los nuevos exámenes, que contemplaban las opiniones subjetivas del titular del juzgado y de los compañeros de trabajo como determinantes para la calificación, provocaron un rechazo generalizado entre los trabajadores, con paros de labores y bloqueos de avenidas en la CDMX, Guadalajara y Monterrey el pasado viernes.
El cambio de postura se dio ayer, luego de una reunión en la Suprema Corte de Justicia entre el Ministro Presidente Hugo Aguilar, el titular del OAJ, Néstor Vargas, y los líderes de los tres sindicatos que representan a trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF).
«Como parte de las modificaciones, se establecerá de manera clara y categórica que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando en definitiva toda referencia en que pueda interpretarse que dicha evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo», informó la Corte.
Un elemento cuestionable, habían señalado los trabajadores inconformes en las protestas del viernes, era que la opinión de Jueces y Magistrados y de los compañeros de juzgados serían criterios que representaran el 30 por ciento de la evaluación.
«Se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares (jueces y magistrados) y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad», explicó ayer la SCJN al confirmar que se eliminan los elementos de discrecionalidad.
El presidente de la Corte fue el mediador entre los sindicatos y el OAJ, pese a que la Corte ya no tiene ninguna atribución legal para la administración del resto del PJF.
La Ley de Carrera Judicial del PJF de enero de 2025, aprobada por Morena y sus aliados como parte de la reforma judicial, es categórica en ordenar que la permanencia en el puesto está sujeta a la evaluación del desempeño, lo que ahora ha sido anulado en los hechos luego de la reunión en la Corte.
En su acuerdo publicado el jueves, el OAJ había matizado el mandato legal, primero, al establecer una evaluación meramente «diagnóstica» en 2026, y luego, al crear un examen extraordinario para dar una nueva oportunidad a quienes no pasaran la primera evaluación a partir de 2027.