ZACATECAS. El gobernador David Monreal solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y “a las instancias que legalmente correspondan” que determinen la procedencia de investigar posibles irregularidades en contrataciones y operaciones del organismo electoral local, luego de que se diera a conocer que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) aprobó contratos a empresas señaladas de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).
En un comunicado, enfatizó el mandatario, es indispensable conocer si la presunta red de intereses empresariales y proveedores señalada en el ámbito nacional también tuvo presencia en Zacatecas, si participó en contrataciones relacionadas con los procesos comiciales locales y si existieron negocios indebidos, conflictos de interés o posibles actos de corrupción que deban ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a la ley.
Agregó que según información y documentos dados a conocer por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre las contrataciones de materiales y servicios electorales, ponen de manifiesto la necesidad de esclarecer los antecedentes de una estructura empresarial que, durante varias décadas, concentró contratos y mantuvo relaciones con distintas autoridades y organismos electorales del país.
“Desde Zacatecas expresamos nuestro absoluto respaldo a la presidenta en su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Su determinación de hacer pública esta información contribuye a que las instituciones respondan ante la ciudadanía y a que cualquier posible irregularidad sea investigada con rigor y conforme a Derecho”, expone el documento.
REVISIÓN EXHAUSTIVA
El mandatario expuso que los antecedentes de las presuntas redes de proveedores electorales obligan a realizar una revisión que abarque distintas administraciones y etapas de la vida institucional de México.
La información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno incluye referencias a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos antecedentes se remontan a su paso por la Secretaría de Gobernación (Segob) durante los años 80 y posteriormente por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como a sus presuntas relaciones con Juan Carlos Padilla Aguilar.
Asimismo, se mencionaron posibles vínculos de carácter político e institucional con Guadalupe Acosta Naranjo, Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo, entre otros personajes.
Corresponde a las autoridades competentes determinar si dichas relaciones provocaron conflictos de interés, irregularidades administrativas o conductas contrarias a la ley.
Precisó que la trayectoria de Guadalupe Taddei Zavala en los organismos electorales es anterior a la actual administración federal.
Monreal Ávila dijo que coinciden plenamente con la presidenta, en que la autonomía de los organismos electorales constituye un principio esencial de la democracia, pero de ninguna manera los exime de cumplir con sus obligaciones de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Puntualizó que es necesario que tanto el INE como los organismos públicos locales electorales fortalezcan sus mecanismos de vigilancia y transparenten sus procedimientos de contratación, los montos ejercidos, la participación de proveedores y los criterios utilizados para la adjudicación de servicios y materiales electorales.
Es indispensable conocer si la presunta red de intereses empresariales y proveedores señalada en el ámbito nacional también tuvo presencia en Zacatecas, si participó en contrataciones relacionadas con los procesos electorales de nuestra entidad y si existieron negocios indebidos, conflictos de interés o posibles actos de corrupción que deban ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a la ley.
En el centro del caso están los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. Antes de convertirse en los principales proveedores de materiales electorales, ambos trabajaron en 1983 en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, donde, según la investigación federal, coincidieron con Juan Carlos Padilla Aguilar. El informe también menciona posibles vínculos políticos e institucionales con Guadalupe Acosta Naranjo y con los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo, entre otros. Hasta ahora, ninguno ha sido acusado formalmente por estos hechos.