LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. El Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (Colefom) se pronunció en contra de la iniciativa de reforma que los obligaría a renunciar a sus derechos electorales o bien, a su doble nacionalidad.
Mediante un comunicado, dijeron que la iniciativa con proyecto de decreto reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada el 1 de septiembre a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y se pretende aprobar en el pleno en los próximos 15 días.
Sin embargo, precisaron que “el documento no analiza su impacto con el bloque de constitucionalidad, ni el de convencionalidad, además de no tener contenido de derecho comparado. [Menos aún,] el documento enuncia el proceso originario y evolutivo del concepto de nacionalidad y el de la ciudadanía.
“Tampoco hace diferencia entre ambos y, menos todavía, reconoce o señala la lucha que fuera y dentro de las fronteras mexicanas, hemos realizado en el extranjero, para no perder la nacionalidad mexicana y de nuestro sentido de pertenencia, así como vínculos jurídicos con México desde el siglo pasado”, señalaron los migrantes en una carta abierta dirigida a los mexicanos radicados en el país y en Estados Unidos.
En un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmaron: “estamos de acuerdo con sus principios, pero no como está planteada su iniciativa”. Expusieron que ellos tienen propuestas que enriquecen el debate público “y apelamos a sus convicciones democráticas y de diálogo”.
Sin el afán de pasar por héroes o heroínas de la patria, aclararon a la presidenta que “sí somos los actores de su iniciativa” y, por tanto, piden dialogar.
Aunque acompañados de quienes tengan la evidencia jurídica, empírica y científica para mermar las omisiones del Poder Legislativo, que están por impactar el núcleo esencial “de nuestro derecho a la participación e impedir que la democracia del debate se consuma con la mala práctica parlamentaria”.
Los migrantes invitaron a la jefa del Ejecutivo federal y a su equipo jurídico a que “gentilmente”, junto con los integrantes y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, expongan sus propuestas sobre el tema, “el día y lugar que ustedes determinen”.
Esto, cuando comience el análisis de la iniciativa y antes de que se apruebe el dictamen correspondiente.
A FAVOR Y EN CONTRA
La comunidad migrante dijo que coincide con quienes piensan en la necesidad de fortalecer el régimen jurídico mexicano para salvaguardar la integridad de la República, la no injerencia extranjera, el intervencionismo y la autodeterminación, así como la soberanía nacional y la lealtad a las instituciones mexicanas.
Así como incentivar la estabilidad, disminuyendo la incertidumbre institucional sobre cualquier intento extranjero de intervenir el país, reiteraron que el proyecto enviado para su aprobación en un lapso de al menos 15 días, según informó el representante de la Cámara de Diputados, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, “carece de razonamientos jurídicos, doctrinarios, científicos e históricos”.
En el documento, los líderes migrantes hicieron referencia a la justificación de la reforma, en la que “existe vacío legal que debe resolverse. Además de que se explica la restricción al ejercicio de los cargos y funciones para quienes hayan adquirido otra nacionalidad que podría solventarse con el cambio del verbo poseer y lo resuelve de manera desproporcionada”.
Con la reforma a tres artículos constitucionales se exige renunciar a la nacionalidad como requisito para ser presidente, gobernador o jefe de Gobierno.
En la carta, los líderes migrantes afirmaron que “hay un empeño injustificable en la iniciativa de reforma a los artículos, cuando se puede solventar cualquier controversia en las leyes secundarias”.
Añadieron que con la renuncia a los derechos electorales o a su doble nacionalidad “se estaría dando al Estado extranjero lo que se quiere evitar: la potestad y posibilidad que desde su ámbito competencial, intente una injerencia mediante sus procedimientos internos para quienes estarían en la posibilidad de obtenerla”.
Es irrazonable también, que se intente establecer en el derecho interno el procedimiento de la renuncia en el extranjero. “También nosotros somos parte de la historia y queremos construirla juntos”.