MADRID. El presidente de Polonia, el conservador Karol Nawrocki, ha abierto este viernes un nuevo cisma con el Gobierno al vetar la legislación sobre las uniones de hecho; una decisión que el primer ministro, Donald Tusk, ha interpretado como un ataque contra la comunidad LGBTQ+ y condenado contra un atentado contra la felicidad de la gente.
Nawrocki, que ha protagonizado innumerables encontronazos con el Gobierno de Tusk, ha esgrimido que simplemente está cumpliendo con su deber como garante constitucional. Según el artículo 18 de la Constitución polaca, el matrimonio se define específicamente como la unión de un hombre y una mujer, y está sujeto a la protección explícita del Estado.
«Como guardián de la Constitución, no puedo aceptar una solución que conduzca a la pérdida del estatus especial del matrimonio, definido en el artículo 18 de la Constitución como la unión de una mujer y un hombre(…) y que es clave para la supervivencia de la nación», ha manifestado Nawrocki en una declaración publicada en sus redes sociales.
Polonia es uno de los países más restrictivos de Europa en materia de derechos LGBT: ni el matrimonio ni las uniones civiles para parejas del mismo sexo son legales allí. Sin embargo, desde finales de mayo, Polonia ha legalizado el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en terceros países, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que Varsovia contravenía las leyes de libre circulación de la UE al retirar los derechos que las parejas habían adquirido en otro país.
La legislación pretendía establecer la «condición jurídica de pariente más cercano» y habría otorgado a las parejas no casadas, incluidas las parejas del mismo sexo, derechos más amplios en materia de impuestos, herencia y toma de decisiones médicas.
«No estoy de acuerdo con la introducción subrepticia de las uniones civiles, que pretenden reemplazar o sustituir la institución del matrimonio», ha añadido.
En su primera reacción en redes sociales, Tusk ha acusado a Nawrocki de insultar a la población con esta decisión, que representa «una expresión de desprecio hacia las personas y su derecho a la felicidad y a una vida normal».