CIUDAD DE MÉXICO. Hace tres décadas Ernesto Ruffo fue el primer Gobernador de la Oposición. Saltó a la política como empresario del ramo pesquero y era emblema de la disidencia. Ayer, a sus 74 años de edad, fue detenido por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal con operaciones ilegales por más de 4 mil 400 millones de pesos.
Su sorpresiva detención ocurrió en medio del escándalo que envuelve a la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila, con su visa de ingreso a Estados Unidos retirada, y con señalamientos de su antecesor Jaime Bonilla, de vincularla con el narcotráfico. Y de la persecución estadounidense contra el Gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha por vínculos con el narco.
Ruffo estaba ayer al mediodía en su casa en mangas de camisa, portando una cachucha, cuando llegaron a detenerlo. Minutos antes había declarado a REFORMA que «el Gobierno (de Marina del Pilar Ávila) no funciona. Entró en descomposición». Y pedía su retiro del cargo.
Colgó la llamada y luego llegó la Policía por él.
A mediados de 2025, en su calidad de accionista de la empresa Ingemar, el ex panista y ahora dirigente de Somos México, fue señalado por la autoridad federal de probable responsabilidad en la introducción ilegal de combustible con permisos falsificados.
La FGR le imputa los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
También ayer se reportó la captura de Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar, cuando circulaba por la carretera en Ensenada.
La investigación forma parte de la ofensiva del Gobierno federal contra el llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual cargamentos de gasolina y diesel ingresaban al País declarados como otros productos, principalmente aceites minerales o aditivos, para evitar el pago del impuestos.
Las operaciones se registraron en aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, todas en Tamaulipas.
En un mensaje, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró anoche que existen pruebas contundentes contra el ex Gobernador Ruffo y otras 25 personas que encabezaban la operación logística y financiera para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos de manera irregular.
Según la FGR, las empresas tuvieron movimientos sospechosos con ingresos por 3 mil 75 millones de pesos, través de 80 cuentas bancarias y operaciones en el extranjero por casi mil 400 millones de dólares.
Además de la orden de aprehensión contra Ruffo, los demás involucrados se ubican en Baja California, Nuevo
León, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
Godoy, titular de la FGR, argumentó que que la empresa Ingemar, de la cual Ruffo es fundador y socio, fue la encargada de iniciar operaciones, en la que otras siete empresas más se servían para transportar el combustible proveniente de Texas hacia Coahuila, Durango y Zacatecas.
Según la Fiscal, de enero a julio del 2025, se detectó que esta red realizó 4 mil 238 operaciones de importación de combustibles, los cuales posteriormente declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos para evadir impuestos.