$58 MIL POR NO VOTAR
A los diputados naranjas Nanis Romo y Marco Vinicio Flores les parece buena idea cobrar multas de hasta 58 mil pesos a quienes no quieran votar, y de más de 200 mil pesos si son reincidentes. El pretexto de los legisladores es combatir el abstencionismo, pero ese abstencionismo también es una señal de pérdida de fe en la clase política. Por eso hay electores que se van con el “mejor nadota”. No ven opciones convincentes y ahora quieren obligarlos a elegir… ¿al menos peor? “Cuando más personas participan, la democracia se vuelve más fuerte”, según la iniciativa de los diputados, aunque hay quienes advierten que no es democrático obligar a la gente a votar y que incluso es una violación a la libertad. La obligatoriedad del voto está presente en sistemas como el de Chile o Perú.
FURIOSOS CON SANTOS
Como fuego amigo y jugada perversa calificaron en la gobernanza aquella reforma que obliga a secretarios y subsecretarios a renunciar un año antes de la elección, si es que quieren ser diputados locales. “Nos metieron un gol”, decía un funcionario. Y ese trancazo al gabinete se lo atribuyen al diputado Santos González, por ser el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que también están Lyndiana Bugarín, Alfredo Femat, Karla Rivera, Dayanne Cruz y Ana María Romo. Los resentidos con esta reforma advierten que se le quitan opciones a cuadros de la gobernanza que pudieran ser defensores del actual sexenio en la administración siguiente. “Gracias, Santos”, le dirán al diputado morenista.
ALBOROTOS EN EL PODER JUDICIAL
José Luis Hernández Ugalde, magistrado presidente del Tribunal de Disciplina, pidió licencia por cuatro meses, sin goce de sueldo. Las lenguas viperinas dicen que la carga de trabajo habría sido uno de los motivos para separarse del cargo. Y mientras, el excandidato Raúl García ya exige que lo nombren magistrado del Tribunal de Justicia, para cubrir a la difunta Oyuky Ramírez. De los dos consejeros del Órgano de Administración Judicial que se habrán de nombrar, por una corrección a la reforma judicial, aún no hay nada. Están esperando el engrose de la resolución de la Suprema Corte. Pero dicen ponzoñosos que no se considerarán a exmagistrados para ocupar estos cargos.
SE DEFIENDE
No solo es la auditoría forense, los morenistas traen en la mira los manejos que hace el alcalde de la capital, Miguel Varela. Ante el gasto de más de 70 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos a Jet Van Car Rental, el panista argumenta que hubo un acuerdo de cabildo, el año pasado, que validó el contrato y dice que no tienen nada que ocultar. Dicha empresa ha tenido observaciones de auditorías por contratos hechos en otras partes del país. En cuanto a la compra de 800 mil pesos en bolsas en 2025, Varela explica que esos artículos se repartieron para celebrar el Día de las Madres. Por cierto, Raquel Toribio, directora de la Junta Local de Protección y Conservación de Monumentos, se ha sumado a las observaciones a la capital, al advertirle a Miguel que no debe pintar líneas amarillas en todos lados, para no afectar la imagen del Centro Histórico.
AL ESTILO DE FRIJOLEROS
Anoche, Ernesto Macías, líder del sindicato de Telesecundarias, armó un pequeño campamento en la Secretaría de Educación para exigir que les paguen la hora 32, un acuerdo que se logró como autoridades. Y así como antes hicieron productores de frijol, Ernesto y su grupo de profes mantuvieron el plantón, “hasta que nos resuelvan”. Gaby Pinedo, secretaria de Educación, les dijo que el pago ya casi quedaba, pero decidieron no liberar, hasta escuchar lo que tengan que decir en una reunión este miércoles, a las 11 de la mañana.
PIDEN MÁS DINERO
Aún persisten las intenciones de apretar más al IEEZ, e incluso MC pedía que fuera un organismo de carácter temporal. A pesar de que sus gastos se siguen cuestionando, en el instituto ven la tormenta y no se hincan. El organismo que preside Manuel Frausto ya solicitó una ampliación presupuestal por 35 millones de pesos para “cubrir los gastos para la realización de las actividades electorales y programas específicos en el presente ejercicio fiscal”. Todo indica que este 2026 será un año complicado para el instituto, y la gobernanza estará insistiendo en que se aprieten el cinturón.