ZACATECAS. El secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, informó que todo el personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) está suspendido por presuntos actos de corrupción, que se habrían cometido durante al menos 10 años.
“Les doy un ejemplo. Supongan que son trabajadores, denuncian un despido injustificado y su abogado se pone de acuerdo con personal de la junta. Tardan todo lo que sea posible el caso para aumentar el monto del posible laudo, y una vez que hay una cantidad millonaria en juego, se dicta un laudo, no conforme a justicia, sino conforme a los acuerdos previamente establecidos”, afirmó.
Y finalmente, explicó el funcionario, el trabajador denunciante ni siquiera recibía la mayor parte del dinero, porque posiblemente terminaba repartiéndolo.
Por este tipo de situaciones se recibió una serie de denuncias, por lo que el Órgano Interno de Control (OIC) solicitó medidas cautelares para suspender a los cerca de 35 servidores públicos de la JLCA, mientras se les investiga.
Ernesto González anticipó que las medidas cautelares se les retirarían a algunos trabajadores, mientras que otros, “los peces gordos”, enfrentarán procesos penales. “Es una situación difícil. Nunca en Zacatecas se había suspendido a toda una dependencia”, puntualizó.
Advirtió que irán contra aquellos que “quizá extorsionando a trabajadores, quizá extorsionando a empresarios, han traicionado la confianza del gobernador [David Monreal Ávila], la confianza de la ciudadanía”.
Ofrecen beneficios por colaborar
Los trabajadores de la JLCA tendrán cinco días para acercarse a la Secretaría de la Función Pública (SFP). “Quienes colaboren con la investigación, nos aporten datos que nos permitan tener mayores elementos de prueba, obviamente les vamos a dar una serie de beneficios legales”, aseguró González Romo.
Refirió que se notificará a la Secretaría General de Gobierno para que designen a autoridades suplentes y se atiendan los temas de la JCA.
“Estamos planteando que, una vez que concluyamos la investigación, vamos a dividir a los posibles responsables en dos grupos: los que tienen responsabilidades administrativas y los que tienen responsabilidades penales”, agregó Ernesto González.
González Romo recordó que tratan con una presunta “red de litigantes, servidores públicos, traficantes de influencias que lo que buscan es acordar litigios”.
Por lo pronto, los trabajadores suspendidos cobrarán solo un porcentaje de su salario mientras son investigados.
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) aclaró que al menos se les tendrá que pagar un salario mínimo y las pensiones a menores tendrán que respetarse.
“Todo el dinero que se vaya reteniendo de estos salarios, una vez concluida la investigación, se devolverá a quienes estaban sujetos a esta medida cautelar, a menos de que haya un procedimiento que vaya a lo penal o a lo administrativo”.
La red investigada, advirtió, presuntamente también retrasaba laudos, “al final de cuentas era una injusticia tanto para empresarios como para los trabajadores”.