Criminalización de la protesta social
En nuestro país, no es nada nuevo el uso de mecanismos indirectos y la construcción de narrativas criminalizadoras para obstaculizar el ejercicio de ciertos derechos, tanto individuales como colectivos.
El discurso promovido por ciertos agentes, tanto universitarios como extrauniversitarios que señala que “debido a los paros o las huelgas se pierde la matrícula de la UAZ”, no es otra cosa que un ejemplo claro de criminalización de la protesta social.
Aquel que alce la voz, que manifieste su inconformidad será criminalizado y si lo hace de manera colectiva y organizada entonces todos aquellos que se sumen a la protesta también lo serán.
Se pretende callar con ese discurso la causa de la protesta, la inconformidad, el derecho a manifestarse y a alzar la voz.
Los agentes estatales se convierten, por acción o por omisión, en violentadores de los derechos tanto individuales como colectivos, el uso del sistema penal y administrativo para callar las voces de quienes manifiestan su inconformidad, dando pauta para que los sindicatos oficialistas, o de protección o quienes están a favor del patrón sean quienes obtengan la razón, aunque no la tengan.
La instauración de procesos “legales” en contra de sindicalistas es una herramienta que ha utilizado el Estado Mexicano por muchos años para callar las voces de quienes se manifiesten en contra de la opresión patronal.
No es nada nuevo, ya hace algunos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta de cómo el Estado Mexicano ha perseguido judicialmente a líderes sindicales que atentan contra los sindicatos blancos o contra quienes exigen un verdadero contrato colectivo que deje de lado los contratos de protección patronal que existen en las empresas. Mucho de eso no ha cambiado, a pesar de la reforma laboral en nuestro país.
Existen muchos mecanismos indirectos de control patronal y estatal a las acciones de defensa colectiva de los derechos, como el espacio en el que se realizan las reuniones sindicales, cuando estas reuniones organizativas dependen del patrón o del Estado, la autonomía sindical no se garantiza.
Si a este control le agregamos los que se mencionaron líneas atrás, tenemos toda una estrategia clara del patrón y del Estado para obstaculizar la defensa efectiva de los derechos laborales.
Vemos cómo en Zacatecas hay sindicatos y líderes sindicales a los que de repente les cobras impuestos que no se habían cobrado en años con gestiones más cómodas o representaciones sindicales afines, con tal de obstaculizar la capacidad de gestión de estas nuevas representaciones.
Vemos sindicatos cuya capacidad de organización depende de espacios patronales que cierran para que no tengan acceso, les dan otro uso y vigilan de manera directa sus reuniones para monitorear las acciones de defensa colectiva que pretenden seguir, incluso mandando personal pagado por el propio estado o por el patrón para boicotear las acciones de defensa colectiva.
Vemos también discursos de odio, de violencia, en el que la lucha sindical es criminalizada, es denostada y se agrede de manera directa, utilizando diferentes tipos de violencia, desde la física o la psicológica hasta la digital para intimidar las acciones o denostar a quienes las emprenden.
Incluso vemos la instauración de procesos judiciales en contra de líderes sindicales previo a la elección de dirigencia sindical o ya en funciones, con la finalidad de debilitar las acciones sindicales.
No permitamos que se sigan usando mecanismos indirectos, tanto de la patronal como del Estado para menoscabar los derechos colectivos y su defensa.