¿Por qué estamos como estamos? 5
En la cuarta entrega de esta serie de textos que buscan explicar una parte de la situación actual que viven entidades federativas y municipios en perspectivas como la financiera, le decía que “En tanto los ciudadanos no nos asumamos como parte importante del quehacer público, vamos a dejar de lado cualquier espacio de participación que pueda inhibir el mal desempeño de funcionarios o bien, que pueda incidir positivamente en que el funcionario se supere constantemente y se apegue a los principios de legalidad y eficiencia en la función pública.
“Una consecuencia de esto es que seguiremos teniendo administraciones estatales o municipales que abusen de la norma y cometan errores garrafales (por ignorancia o por dolo) que comprometan el buen funcionamiento de un gobierno por los próximos años y, lo que es peor, es que quienes cometieron errores queden impunes”.
Y aquí entra un tema de mucha importancia: la participación ciudadana para hacerse de espacios de poder o del gobierno y eventual incidencia social, para generar verdaderos contrapesos al poder abusivo que se expresa en nepotismos, cochupos, contubernios, colusiones, decisiones de gobierno autoritarias, políticas “públicas” alejadas de la pertinencia social y demás que, al amparo de la manipulación de la norma, se convierten en decisiones legales, pero no legítimas.
El primer obstáculo a vencer para la ciudadanía es su rechazo a los partidos políticos; nos guste o no, en el México de la actualidad esas organizaciones de interés público son la vía para acceder a espacios de incidencia pública a través de los cargos de elección popular, ya sea por la vía de mayoría o por la representación proporcional; pudiera considerarse que en este momento, los partidos políticos (tanto en el plano nacional como en lo local) están cooptados o dominados por determinados grupos que han sabido usufructuar el dominio y traducirlo en posiciones políticas.
Un segundo obstáculo que saltar tiene que ver con la nula vinculación a determinados temas gubernamentales que puede haber en ciertos gremios, grupos o sectores; por ejemplo, si eres un ciudadano vinculado al sector del transporte público, es menester acercarse a conocer las consideraciones normativas de la autoridad, la perspectiva sobre el sector y la posible instrumentación de acciones, para entender el enfoque de la autoridad y, en ello, analizar el espacio de participación que, a invitación o por presión, se le puede dar a ese gremio.
Un tercer muro que derribar va encaminado a acercarnos a lo mínimo indispensable en relación con la representatividad de la vida pública; conocer a autoridades electas y funcionarios en nombre, persona y función/tarea, puede formar parte de un combo que nos permita identificar con claridad no solamente a “la persona”, sino las cosas o circunstancias alrededor de ella para forjarnos un criterio más sólido respecto de su desempeño.
Así que, volviendo al tema de la fiscalización, mucho de lo que tenemos hoy en día es porque, entre muchas otras razones por supuesto, las y los ciudadanos dejamos de interesarnos en las postulaciones y/o designaciones de funcionarios encaminados a los trabajos de revisión de las acciones gubernamentales, las cuales fueron realizadas por la cercanía o el patrocinio de determinada expresión político partidista (incluso porque la norma así lo determinaba o exigía), sin que existiera un proceso abierto, transparente y reconocido que resultara en la selección de un perfil idóneo; por supuesto, todo se hace al amparo de la ley (lo que insisto, hace un proceso legal) pero no al amparo de lo que puede ser mejor para la sociedad y el propio gobierno (lo que lo puede hacer legítimo).
Otra razón es que, al no involucrarnos en la particularidad de temáticas de gobierno y no saber dirigirnos a nuestros representantes populares, se ha generado un espacio de discrecionalidad para ellos que ha dado como resultado un alejamiento de los actores políticos a dar explicaciones del por qué de tal o cual decisión, es decir, no hay una clara rendición de cuentas y hay actuaciones que pueden rayar en el exceso o hasta el libertinaje político. Una expresión más de la borrachera del poder.
Y con esto último cierro: los excesos del poder han permitido -e incluso impulsado- una perspectiva totalitaria de acaparar u ocupar los espacios gubernamentales a más no poder, una idea notoriamente utilitarista sin preocupación social: “pongamos al que sea, pero que esté con nosotros”.
Y esa lógica de pensamiento es una de varias que han generado el estado de los asuntos públicos en la actualidad, en la que quienes ocupan los espacios de poder desdeñan a la opinión pública o expresiones ciudadanas, mientras que los actores sociales rechazan tajantemente buscar espacios de gobierno. Un círculo vicioso.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM
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