ZACATECAS. En la primera entrega del informe de fiscalización de la cuenta pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indica que el gobierno del estado tiene 5 millones 448 mil pesos sin aclarar.
De dicho monto, 2 millones 789 mil pesos se observaron por la contratación de 11 trabajadores que no presentaron documentación del perfil académico requerido para ingresar al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), dirigido por Bianca Ávila Robledo.
La institución también enfrenta otros señalamientos de la cuenta pública 2023: hizo supuestos pagos en exceso a un trabajador, por 197 mil 153 pesos; erogó 518 mil 942 para una categoría de puesto no autorizada; además de 233 mil 362 pesos destinados a una plaza de más en una categoría de puesto.
Además, se presume un probable daño a la hacienda pública por la falta de documentación para comprobar un reintegro a la Tesorería de la Federación, por 368 mil pesos.
Otros 191 mil 728 pesos tampoco se aclararon, pues la auditoría advierte que se destinaron a dos trabajadores del Conalep que no acreditaron estar en su puesto de adscripción.
Asimismo, el subsistema educativo hizo pagos en exceso por 97 mil 551 pesos en un contrato, y hay otro supuesto desfalco de 59 mil 130 pesos por la falta de aplicación de penas convencionales en un contrato de adquisición de bienes que se hizo.
Hay otros 993 mil pesos de presuntas irregularidades por el pago a cuatro personas que no acreditaron documentación de su lugar de adscripción en el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA), cuyo responsable fue el diputado electo por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Saúl Cordero Becerril.
Así pues, de los 5.4 millones de pesos observados, 4.4 millones corresponden al Conalep.