El juicio contra García Luna en Nueva York y los acontecimientos violentos en Matamoros contra cuatro ciudadanos estadounidenses son dos caras de una misma realidad: la operación de un narco-Estado en México, que no sólo es una amenaza para la seguridad nacional, sino un riesgo alto para la convivencia internacional.
Terminar con esa forma irregular de Estado puede despertar actitudes irresponsables o respuestas insuficientes.
La actitud más irresponsable en estos días ha sido plantear una invasión militar extranjera para acabar con los carteles de la droga y su preminencia en algunas regiones (es la posición de algunos políticos republicanos, en campaña permanente contra México), equiparando al narcotráfico con el terrorismo, cuando son fuentes de inseguridad y violencia diferentes.
Entre las respuestas insuficientes para terminar con un narco-Estado, debemos apuntar la creencia de que un fenómeno multinacional y multidimensional como es el tráfico de fentanilo y demás drogas ilícitas se puede combatir solamente con esfuerzos endógenos y acciones policiales o militares de fuerza. En otras palabras: ni el Estado-policía ni el Estado intervenido o invadido son opciones para reemplazar a un narco-Estado.
Debemos pensar en avanzar y concretar un acuerdo de seguridad regional, primero para América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) y después para el continente americano en su conjunto.
Desde el diseño del TLCAN, en los años noventa del siglo pasado, se planteó incluir temas como la seguridad y defensa de la región, sin que prosperara esa iniciativa, en virtud del enfoque eminentemente comercial del Tratado.
Recuerdo que México planteaba capítulos de regulación migratoria, laboral y de protección al campo, mientras que EUA exigía petróleo, energía y defensa. Al final, las pretensiones de una y otra parte fueron retiradas, pero la realidad terminó imponiéndose. Creció el libre comercio, pero también la emigración indocumentada y el tráfico de drogas ilícitas. Un ejemplo: con sus 15 mil contenedores cruzando diariamente la frontera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se convirtió en la aduana del TLCAN, pero también en una de las plazas más disputadas por los carteles que trafican droga y personas de aquí para allá, y armas y dinero de allá para acá.
Después de los ataques terroristas del 11S, se promovieron al menos dos iniciativas para lograr un acuerdo trilateral de seguridad y defensa: la iniciativa de “fronteras inteligentes” y la Asociación para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN). No prosperaron por un principio elemental de soberanía y por la desconfianza natural de México y Canadá a todo lo que implique “operaciones conjuntas” con un ejército imperial.
Sin embargo, nos urge como país no tener otro García Luna en Nueva York ni otro matamorazo en nuestro territorio. Y en este sentido, México y EUA pueden reforzar un acuerdo de colaboración, cooperación y asistencia mutuas para desmantelar los carteles en ambos lados de la frontera.
Nuestro país debe depurar sus aduanas, especializar sus órganos de seguridad, y reformar su sistema de procuración e impartición de justicia. Por su parte, EUA puede revisar su sistema de venta de armas, fiscalizar a sus farmacéuticas consumidoras de precursores químicos y, en general, revisar su política de combate a las drogas.
No sólo ser socios comerciales, sino vecinos responsables frente a las amenazas comunes.
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