CDMX. La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación apelaron la absolución dictada a Rosario Robles en el proceso de la Estafa Maestra, en el que le atribuyen haber sido omisa ante los desvíos por más de 5 mil millones de pesos.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial de la Federación, ambas autoridades impugnaron el fallo dictado por el Juez de Control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, por lo que ahora será un Tribunal Colegiado de Apelación el que se pronuncie en segunda instancia.
Consultado sobre la decisión del Ministerio Público Federal y el órgano auditor, Epigmenio Mendieta, abogado de la ex funcionaria, dijo que la defensa no apeló la determinación judicial.
El pasado 24 de febrero el juez Paredes, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, canceló el trámite del proceso a Robles, al concluir que no son delito los hechos que le atribuyó la FGR y que en todo caso deben ser sancionados por la vía administrativa.
Robles fue acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, porque supuestamente entre 2012 y 2018, cuando estuvo al frente de la Sedatu y la Sedesol, tuvo una actuación omisa ante los desvíos que llevaron a cabo sus subordinados por una suma de 5 mil millones de pesos.
El juez Paredes, sin embargo, resolvió que la ex secretaria de Estado fue imputada con un tipo penal que estuvo vigente antes de la reforma del 18 de junio de 2016, que lo convirtió en un delito de corrupción y con una nueva denominación, la de ejercicio «ilícito» del servicio público.
Y como el 27 de mayo de 2015 fue publicada una reforma al artículo 109 de la Constitución, que precisa que las conductas que deben ser sancionadas por el Código Penal Federal sólo eran los delitos de corrupción, el juzgador concluyó que la atribuida a Rosario ya no podía ser considerada delito.
«Considero que se tiene por acreditada la causal de sobreseimiento, lo cual tiene efectos de sentencia absolutoria; esto pone fin al procedimiento, tiene efectos de sentencia absolutoria e inhibe la persecución penal por el mismo hecho», sentenció el impartidor de justicia.
Este fallo hizo que la FGR reaccionara contra el juez, anunciando que le iniciaría una carpeta de investigación por delitos contra la administración de la justicia, y presentaría una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal.