CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, denunció ante la FGR a «quien resulte responsable» por la falsificación de su firma y alteración de papelería oficial con fines de extorsión.
La denuncia a la que tuvo acceso Grupo REFORMA, señala que empresarios y proveedores del Gobierno fueron chantajeados con documentos presuntamente oficiales con papel membretado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en donde la titular de la dependencia daba instrucciones a subalternos para indagar a empresarios por supuestos ilícitos.
El documento era exhibido a los proveedores como amenaza para consumar la extorsión.
La denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía el pasado 6 de agosto por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, Director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.
Conforme la querella, Montes de Oca indica que el 29 de julio pasado se tuvo conocimiento de que una persona de manera anónima señaló la existencia de un oficio supuestamente suscrito por Buenrostro y que ella aseveró que no lo había elaborado. Por ello, dice Montes de Oca, «se presume que es apócrifo, motivo por el cual se hace la denuncia para su investigación». La clave del expediente es FED/CDMX SZS/ 0003777/2026.
La instrucción que presuntamente daba Buenrostro a sus subalternos en el oficio falsificado decía que existía una orden directa de Ulises Lara, Fiscal Especial de Asuntos Relevantes de la FGR para investigar a proveedores. Uno de los oficios presuntamente apócrifos a los que tuvo acceso Grupo REFORMA tiene fecha de 4 de junio de 2026.
Lara renunció el pasado 14 de julio a la Fiscalía de Asuntos Relevantes. Su dimisión fue de manera intempestiva y hasta ahora no existe ninguna explicación sobre las causas de su salida ni si tiene relación con la denuncia de Anticorrupción presentada dos semanas después de su salida.
Según el documento presuntamente apócrifo, se ordenaba que si alguno de los empresarios mencionados se encontraba «en condiciones contrarias a las leyes aplicables en la materia deberá iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente dando conocimiento a la FGR para que lo tome en cuenta en la esfera de sus atribuciones».
Dicho documento era utilizado con fines de extorsión pues al mostrárselo a los proveedores enlistados se les hacía creer que estaban bajo investigación y se les pedía dinero para frenar las supuestas indagatorias. Una persona no identificada llamaba a los empresarios implicados y les ofrecía convencer a Lara de detener los procesos de investigación.
Grupo REFORMA pudo conocer que algunos proveedores hicieron del conocimiento a Buenrostro de esas advertencias, lo que llevó a la funcionaria a emprender acciones legales.