ZACATECAS. El Instituto de la Defensoría Pública (IDP) necesitará 37 plazas más, por lo que el titular del organismo, Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez, pidió que la Secretaría de Administración (Sad) los apoye con un estudio de impacto presupuestal.
En una reunión con Armando Ávalos Arellano, coordinador jurídico del gobierno estatal, Valdez Rodríguez recordó que el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige que los defensores públicos ofrezcan servicios en materia civil para toda la gente que así lo requiera.
El funcionario estimó que sería necesaria la contratación de 20 trabajadores para la capital y 37 para los distritos, aunque reconoció que la aplicación del código es incierta, “pero si no pasa algo diferente, es una realidad que el próximo año tenga que implementarse”.
El coordinador jurídico del gobierno estatal reconoció que la ley ya está aprobada y aún faltan cosas por hacer para la aplicación del Código que, consideró, transformará por completo la justicia civil y familiar. “Se necesita infraestructura, salas de audiencia”.
Reiteró que la vacatio legis, es decir, el tiempo entre la aprobación de la ley y su entrada en vigor, concluye el próximo año. Por ello, consideró que si no se prevén acciones, además de ser omisos, podría generarse un caos en el ámbito jurídico.
El instituto tiene una plantilla de alrededor de 60 defensores públicos, por lo que el incremento de plazas implicaría un aumento de personal de más del 50 por ciento.