Del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y el 2027
(Parte 4)
En esta cuarta entrega sobre el Régimen Simplificado de Confianza, quiero retomar un poco el cierre de la colaboración anterior para tener un pequeño contexto sobre lo que busco comentarle con esta aportación.
Mire usted, estimado lector de El Diario de NTR: le comenté que la propuesta legislativa de los ingresos federales para el próximo 2027 contenía una serie de consideraciones enfocadas en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que en conjunto proponían “el incremento del límite de ingresos que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para tributar en el Resico, pasando de los 3 millones 500 mil pesos a 5 millones de pesos anuales. El propósito con esto es ampliar la base de contribuyentes para que se fomente la formalidad y con ello muchísimas personas físicas -y morales- puedan acceder a los beneficios que existen cuando cumples con las contribuciones que el Estado mexicano establece como nuestra obligación de aportar al gasto público”; además, la propuesta -que aún sigue en el Poder Legislativo Federal, aunque en esta semana avanzó en Cámara de Diputados- contiene otra serie de elementos que, para las personas contribuyentes de un estado como Zacatecas (por su naturaleza productiva y el tipo de actividad económica que desarrolla, entre otras cosas) vale la pena considerar por el lado de los entes públicos.
Déjeme retomar algo que también señalé en la colaboración anterior: “Es importante entonces que no solamente la autoridad tributaria pregone las bondades del régimen, sino también el conjunto de instancias gubernamentales y los distintos rubros de asociaciones”. No lo decía nomás por decirlo, sino porque el esfuerzo de la promoción a la formalidad debe ser de todos: es ganar-ganar cuando los involucrados dimensionan el rol que les toca y los beneficios existentes. Pero desafortunadamente pareciera que hoy por hoy solamente la autoridad tributaria tiene la responsabilidad de la construcción de la formalidad, cuando hay muchas áreas de oportunidad allá afuera del lado de las organizaciones públicas y privadas.”
Mire usted: la propuesta que el Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión busca, entre otras cosas, tener un impacto positivo en el sector primario del país, fomentando la formalidad y facilitando las cuestiones tributarias, pero sobre todo, apoyando la economía de las pequeñas unidades económicas productivas al buscar un espectro tributario que considere sus circunstancias y, con ello, tengan espacio para un mayor beneficio. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, en el desarrollo del apartado de la exposición de motivos, señala en la página LXXXIV que “Al respecto, en la presente iniciativa se propone continuar ofreciendo apoyo al sector primario, precisando que esta Administración, dentro del paquete de reformas para la LISR [Ley del Impuesto Sobre la Renta] para 2027, sometió a consideración de esa Soberanía el aumento del monto a que se refiere el artículo 113-E, párrafo noveno de la LISR de 900 mil a 1 millón de pesos, por lo que en congruencia con dicho aumento, en el artículo 25, fracción II de la presente iniciativa, se prevé que las personas físicas que se encuentran tributando en el Resico a que se refiere el Título IV, Capítulo II, Sección IV de la LISR, dedicadas exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio, excedan de 1 millón de pesos, paguen el ISR conforme al referido régimen, únicamente por los ingresos que excedan de dicha cantidad, estableciendo la exención para ese monto de 1 millón de pesos”.
Así que, de prosperar la propuesta, estaríamos en un escenario en el que las personas físicas contribuyentes del sector primario podrían tener un espacio tributario que, en primera instancia, los invite a la formalidad, a contar con su identidad tributaria y con ello, cumplir obligaciones con el estado mexicano, pero también gozar de un espacio de exención fiscal de hasta 1 millón de pesos que, por la naturaleza y dinámica de un gran número de esas unidades en el ámbito rural, representaría un gran beneficio.
Cuando le decía que era importante que los entes públicos se enteraran y adentraran en este tipo de cuestiones tributarias, no lo decía a la ligera: entre más personas contribuyentes conozcan y dimensiones las bondades de la formalidad, insisto, será ganar-ganar para todos: se gana en la formalidad, se ordenan cuestiones gubernamentales, se atienden las responsabilidades contributivas y, sobre todo, se generan condiciones para tener una mayor posibilidad de competitividad económica.
El campo en México es la base del desarrollo de un sinnúmero de actividades productivas. Cuando hemos leído cartulinas con la frase “el campo es vida”, no es una frase trillada ni vacía. El campo mantiene a un considerable número de mexicanos a manera de autoconsumo, pero su precaria situación en la formalidad no permite que, en ocasiones, un excedente de producción pueda tener beneficios de una mejor forma porque se vive en la ignorancia o en el desconocimiento de aspectos de formalidad fiscal que pueden abrir la puerta a algunas opciones económicas que mejoren su posición.
Por eso soy de los que creen que el esfuerzo colectivo de acercar la información de la formalidad, y particularmente en cuestiones fiscales con ejemplos como el Resico, pueden sembrar lo que en un futuro puede ser una cosecha de mucho beneficio. De ahí la importancia de la participación colectiva de entes públicos para que, lo que pareciera algo estrictamente fiscal o de responsabilidad de una sola entidad pública, pase a ser considerado como algo de importancia social a través de lo cual no solamente gana el individuo, sino también los gobiernos.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM
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