MONTERREY. La Auditoría Superior de la Federación documentó la triangulación de recursos públicos hacia el despacho del Gobernador de Nuevo León, Samuel García (MC), una investigación sustentada en publicaciones de Grupo REFORMA.
Desde la Cámara de Diputados, donde ayer presentó informes de revisión a la Cuenta Pública de dependencias federales, estatales y municipales, el titular de la ASF, Aureliano Hernández, informó que 728.13 millones de pesos del erario de Nuevo León fueron desviados a través de contratos públicos, transferencias entre empresas y movimientos de recursos a particulares.
«Identificamos esquemas de triangulación», enumeró Hernández, «simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos».
Esta revelación ocurre luego de investigaciones periodísticas que evidenciaron transferencias millonarias de empresas proveedoras y constructoras contratadas por el Estado hacia
Firma Jurídica y Fiscal, el despacho legal del Gobernador y su padre, Samuel Alejandro García Mascorro.
Argumentando una protección al «debido proceso», la ASF no dio ayer los nombres de los involucrados y las empresas, pero las operaciones y los montos coinciden con información publicada por Grupo REFORMA.
El cuestionamiento más cuantioso implica a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del Gobierno estatal y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa que, a su vez, envió 385.3 millones al despacho jurídico.
La ASF también señala operaciones inmobiliarias por más de mil millones de pesos, involucrando a un funcionario cuyo nombre o cargo no es revelado. Este esquema concuerda con una triangulación detectada a partir de las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro, adjudicadas en septiembre del 2022 a la constructora Mota Engil.
En total, el despacho jurídico aparece vinculado con transferencias por 728.13 millones de pesos a través de estos esquemas de triangulación.
«Tenemos mapeado cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados», dijo el auditor Hernández, luego de su presentación en San Lázaro.
Aseguró que en cuanto se establezca una ilegalidad o un problema administrativo, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la FGR.
Martha Martínez y Daniel Reyes
Agencia Reforma