ZACATECAS. Madison Salazar Velazco, joven estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), denunció que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) entregó el Distintivo de Derechos Humanos y Educación para la Paz 2026 a la Preparatoria II, pese a que la escuela incumplió con las medidas acordadas en la conciliación tras la queja que presentó por violación a su identidad como joven transgénero, lo que causó el abandono de sus estudios.
Explicó que los acuerdos, alcanzados en la conciliación en la queja contra ocho personas trabajadoras de la preparatoria, consistían en que las autoridades del plantel ofrecerían un pronunciamiento de disculpa pública, una amonestación privada y una sanción administrativa interna contra los agresores, además de brindarle a ella, como víctima, asesorías académicas y atención psicológica.
Sin embargo, reprochó que ninguna de las medidas de la resolución se ha cumplido, pese a que ya pasaron más de 15 días posteriores a la fecha establecida para que se cumpliera con estos acuerdos.
Madison Salazar Velazco consideró que lo que está ocurriendo es «antiinstitucional, porque se supone que es una comisión que defiende los derechos, no a una institución».
Luego de dejar sus estudios en Preparatoria II por los diversos actos de discriminación y agresiones físicas por parte de profesores y directivos, Madison retomó sus estudios en Preparatoria I y actualmente repite el tercer grado.
Krystal Yurynova Fibela Esparza, enlace de diversidad e inclusión en la UAZ y acompañante de la quejosa, llamó a la CDHEZ a detener cualquier promoción, evento o actividad que contribuya a la revictimización de una población vulnerada históricamente.
“La actual premiación a la preparatoria dos por garantizar entornos de paz libres de discriminación es una burla institucional”, enfatizó.
Fibela Esparza destacó que la queja fue revisada, estudiada y se comprobó con hechos y evidencias contundentes, por lo que se llegó a un acuerdo conciliatorio de que “habría sanciones, no premiaciones”.
Insistió en que la CDHEZ debe ser un espacio de protección para las víctimas; “no puede convertirse por acción u omisión en un instrumento que termine fortaleciendo y promocionando perfiles de agresores”, declaró.
Por ello, exigió que dicha situación tenga un giro institucional. “Queremos lógica de responsabilidad, queremos garantías, pero sobre todo queremos ser claras con este pronunciamiento: defender a una menor de edad no es hacer política, las menores de edad que son parte de la diversidad no son un botín político”.
