FRESNILLO. Tras el atentado con explosivos el pasado 30 de agosto a la Comandancia Municipal de Ojocaliente,donde resultaron heridas once personas. La senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones al Código Penal Federal con la finalidad de desincentivar el uso de explosivos y castigar con mayor rigor el uso de minas terrestres, pólvora, artefactos artesanales y mecanismos de activación a distancia cuando se atente contra las fuerzas del orden y la población civil.
La iniciativa busca incorporar un tipo penal autónomo que sancione los atentados cometidos mediante explosivos contra integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fuerza Armada Permanente, de la Guardia Nacional y de las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia.
Al fundamentar una propuesta que busca adicionar al Título Cuarto del Código Penal Federal un Capítulo IV Bis, denominado “Atentados contra las instituciones de seguridad pública”, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que el objetivo es sancionar la utilización deliberada de explosivos para atacar a las instituciones encargadas de proteger a la sociedad, afectar su capacidad operativa, intimidar a sus integrantes o impedir el ejercicio de sus funciones.
Su propuesta establece pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para quien utilice pólvoras, explosivos, artificios, sustancias químicas, artefactos explosivos improvisados o cualquier otro material susceptible de provocar una explosión, deflagración, detonación o incendio con el propósito de causar la muerte, lesiones o daños.
De acuerdo con cifras difundidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, en 2024 se registró un evento relacionado con explosivos; durante 2025 se documentaron seis agresiones y, para agosto de 2026, la cifra había aumentado a 23 ataques con explosivos, incluidos seis perpetrados mediante automóviles o motocicletas cargados con estos materiales.
En su visita por el municipio de Fresnillo, Geovanna Bañuelos explicó que actualmente el artículo 189 del Código Penal Federal únicamente dispone una pena adicional de uno a seis años cuando se comete un delito contra una persona servidora pública o agente de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
“Además de que no contempla expresamente los atentados cometidos mediante explosivos, tampoco protege de manera integral las instalaciones, patrullas, aeronaves, equipos y demás bienes institucionales, ni reconoce el peligro colectivo que generan dichas conductas”, aseveró.
La aspirante a la coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional subrayó que otro elemento fundamental de la iniciativa es la protección de la población civil, debido a que los explosivos tienen una capacidad expansiva que dificulta controlar sus consecuencias y puede afectar indiscriminadamente a personas que no forman parte de las instituciones atacadas.
“Por esta razón, el artículo 164 Quater propone aumentar las penas cuando el atentado ponga en peligro la vida o integridad de civiles, ocasione daños a sus viviendas, establecimientos, vehículos o bienes, provoque lesiones o cause la muerte de una o más personas”, mencionó.
Asimismo, el Código Penal Federal contiene disposiciones que sancionan el uso de explosivos en las vías de comunicación, el daño en propiedad ajena y el uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia.
No obstante, su aplicación depende de que el hecho recaiga sobre determinados bienes, medios de transporte o infraestructura, por lo que no existe actualmente una figura integral que comprenda todas las modalidades de ataque con explosivos contra las instituciones de seguridad pública.
Geovanna Bañuelos resaltó que la evolución de los métodos utilizados por las organizaciones criminales para atacar a las instituciones de seguridad demanda que el marco jurídico penal sea capaz de responder a conductas que por su capacidad destructiva, trascienden los delitos tradicionales de lesiones, homicidio o daño en propiedad ajena.
La legisladora señaló que esta realidad no puede ser ajena ni convertirse en parte de la normalidad, en especial en Zacatecas, donde este tipo de ataques se ha intensificado en los últimos años.
“Nuestro estado es tierra de trabajo, dignidad y comunidades que merecen vivir sin miedo. Las familias zacatecanas no deben padecer las consecuencias de agresiones dirigidas contra quienes tienen la responsabilidad de protegerlas, ni ver interrumpida su vida cotidiana por la violencia de los grupos criminales”, mencionó.
