OJOCALIENTE. Familias y comerciantes afectados por la explosión ocurrida el domingo afuera de la Comandancia Municipal denunciaron que viven en total incertidumbre. Los damnificados aseguraron que el personal de Protección Civil y Obras Públicas solo ha realizado evaluaciones superficiales, sin ofrecer hasta el momento un plan de apoyo económico ni fechas para la reconstrucción de su patrimonio.
A pesar de que las autoridades determinaron inicialmente que los daños se limitaban a vidrios y ventanas rotas, los residentes exigen un peritaje estructural y arquitectónico.
De acuerdo con los testimonios, la onda expansiva, que afectó viviendas en un radio de cuatro cuadras, provocó cuarteaduras graves, filtraciones de agua y daños en los cimientos, tanto de fincas antiguas como de construcciones recientes que ponen los inmuebles en riesgo de colapso.
A la par de los daños inmobiliarios, los vecinos señalaron una nula atención a las pérdidas vehiculares. Según los afectados, hay al menos 10 unidades siniestradas sobre la vía pública y dentro de talleres mecánicos.
Entre ellas, una camioneta modelo 2025 destruida por la caída de una barda y otro vehículo que sufrió una implosión que destrozó el parabrisas y el sistema eléctrico.
RETRASOS PERICIALES Y RAPIÑA
La molestia ciudadana aumentó debido al retraso de las instituciones de procuración de justicia. Aunque el compromiso oficial era que los Servicios Periciales arribarían al sitio el martes, el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se presentó hasta el mediodía de este miércoles.
Durante las revisiones, los habitantes fueron instados a firmar constancias que solo registraban los daños exteriores, lo que incrementó el temor de quedar excluidos de las indemnizaciones.
A esto se suma la falta de resguardo policial, una situación que los ha llevado a costear reparaciones inmediatas en portones, cortinas metálicas y cerraduras para evitar actos de rapiña, los cuales ya comenzaron a registrarse en la zona.
“Por favor, pedimos el apoyo de las autoridades, que nos busquen directamente, que nos hagan saber qué va a suceder. Tenemos que estar atentos porque no tenemos ni puertas ni ventanas que nos protejan”, expuso uno de los afectados.
Asimismo, los afectados señalaron encontrarse en el desamparo legal, pues ninguna autoridad les ha brindado orientación si deben interponer denuncias ante la justicia de forma individual o colectiva.
UN IMPACTO MAYOR
Mientras los primeros reportes limitaron las afectaciones en cuatro cuadras a la redonda, Miguel Portillo, habitante de la calle González Ortega, estimó que el impacto de la onda expansiva se extendió hasta 1.5 kilómetros a la redonda, una deducción fundamentada en su experiencia en las minas.
A esta aclaración sumó la exposición de su situación: “Estamos muy consternados por el evento del domingo; jamás nos pudimos imaginar que esto iba a pasar”.
Actualmente, expuso, debe sacrificar sus jornadas laborales para vigilar su patrimonio, el cual permanece a la intemperie y cubierto apenas con hules y láminas.
Ante ello, insistió en que las autoridades deben convocarlos a una mesa de diálogo para establecer un canal directo para recibir información detallada sobre los avances en la resolución de la problemática.
TRANQUILIDAD RELATIVA
Los vecinos aseguraron estar más tranquilos, aunque con reservas, ya que la comandancia dejará de estar cerca de ellos, reduciendo el temor a posibles represalias.
Asimismo, reprocharon que, a pesar de enviar oficios a diversas administraciones durante años, ninguna gestión anterior hizo caso a su petición de reubicar la comandancia, pese a hechos de violencia previos.
“Esperemos que a partir de ahora sea un cambio positivo. Que sepan las autoridades que éste no es un lugar indicado para tener una comandancia. Esperamos que hoy sí nos hagan caso de cambiar las cosas por nuestra seguridad”, concluyeron.