Después del 5 de septiembre
Muchas cosas hay que valorar después del primer informe de la administración 2025 – 2029. Un discurso que debe ser analizado a la luz de la realidad que viven en estos momentos la Universidad, el estado y la Federación.
En primer lugar, se trata de un mensaje que revela información que nunca debió ocultarse a la sociedad zacatecana y, mucho menos, a la comunidad universitaria, datos reales sobre la deuda que mantiene la institución con el ISSSTE y con sus trabajadores que rebasan los 4 mil 600 millones y 517 millones de pesos al SAT. Datos que desde otras trincheras se habían mencionado por otras personas, pero que se negaron durante la administración pasada y en la presente no se habían transparentado.
Por otro lado, se habla de la certeza laboral brindada al principio de esta gestión, lo que se omite es señalar que no fue “buena voluntad” ni compromiso con el personal académico, sino producto de la presión colectiva ejercida por integrantes del SPAUAZ que revelaron las irregularidades en nombramientos obtenidos al margen del contrato así como la organización para exigir de forma colectiva que se respetaran los derechos adquiridos de muchas personas que vieron vulnerados sus derechos con esos movimientos irregulares.
El informe propone, en su mensaje político medidas de austeridad que, no pueden ser analizadas en su conjunto, sino de manera separada.
En lo relacionado con las jubilaciones, lo primero que tenemos que aclarar es que la UAZ no tiene pensiones doradas, ya que el sistema de jubilaciones que nos corresponde es el del ISSSTE, que está topado a 10 UMAs mensuales, y es preciso aclarar que en los últimos cuatro años, los integrantes del personal académico que se jubilan ya ni siquiera alcanzan el topado del ISSSTE, a diferencia del personal administrativo que en ocasiones tiene mejores condiciones de jubilación que el personal académico, pero ese no es el tema a discutir en estos momentos.
Ahora bien, aquellas personas que ingresaron a laborar a la UAZ como personal académico antes de agosto de 1991 reciben un “complemento de pensión” que no se puede equiparar, bajo ninguna circunstancia, a las pensiones doradas que reciben en Pemex o CFE o en otras instancias paraestatales, que fue lo que prohibió en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cierto es que en su momento se dijo que se formaría un fideicomiso para cubrir el costo de ese complemento de pensión y no se hizo, también es cierto que en el 2008 ya había capital semilla para ese fideicomiso y la administración en turno decidió usarlo para otra cosa.
La administración en turno podrá decirse no ser responsable de esa decisión; sin embargo, hay dos verdades que no se pueden ocultar: la primera es que quien encabeza una administración asume los compromisos y responsabilidades institucionales y el discurso de “herencia maldita” no resuelve el problema. La segunda, es que muchos de los que ahora son funcionarios también lo eran en 2008, por lo que sí tienen responsabilidad en esa toma de decisiones y no se pueden llamar sorprendidos.
Las y los jubilados no pueden ni deben asumir el costo de los errores de las malas administraciones.
Algunas de las medidas que son absolutamente necesarias son las de ajustar las prestaciones de los funcionarios al tope que les correspondería en la figura de docentes o personal académico, porque eso hablaría de un verdadero compromiso con la institución, lo que se requiere ahora es evidencia real de que se están haciendo esos ajustes y que no quede solo en un discurso.
Hay más temas en el tintero que requieren un análisis más profundo que serán abordados en próximas entregas.