CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una nueva orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de la franquicia de Miss Universo, quien permanece prófugo de la justicia.
Ahora lo investiga por su presunta participación en una estructura dedicada a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de una investigación distinta a la que desde 2025 lo señala por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos proveniente de Guatemala, causa por la que un juez ya libró una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con fuentes federales, el Ministerio Público Federal judicializó la nueva carpeta ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Penal del Altiplano, en el Estado de México.
En la misma indagatoria también fueron incluidos los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar, quienes presuntamente formaban parte del entramado financiero bajo investigación.
La nueva causa penal deriva de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 2 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda, en la que se documentó un presunto esquema de manejo de recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas.
Según la investigación, la UIF identifica a Rocha Cantú como el supuesto beneficiario, controlador y principal operador corporativo de la estructura financiera.
Entre los movimientos analizados figuran adquisiciones de inmuebles mediante cheques de caja por un monto cercano a los 7 millones de pesos, así como operaciones bancarias atribuidas a diversas empresas relacionadas con la investigación.
La indagatoria incorpora además presuntos movimientos financieros atribuidos a distintas sociedades mercantiles, algunas de las cuales habrían registrado operaciones por decenas e incluso cientos de millones de pesos, así como el aseguramiento de alrededor de 500 cuentas bancarias vinculadas con el caso.
En el expediente por tráfico de armas y contrabando de combustibles, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) le había otorgado un criterio de oportunidad como testigo colaborador.
Sin embargo, la propia FGR revocó posteriormente ese beneficio al concluir que incumplió las obligaciones derivadas de ese acuerdo, entre ellas comparecer ante el Ministerio Público.
Aunque Rocha Cantú obtuvo inicialmente una suspensión judicial para mantener vigente de manera provisional dicho criterio de oportunidad mientras se resolvía un juicio de amparo, un Tribunal Colegiado revocó esa protección, lo que permitió reactivar la orden de aprehensión librada por un juez federal en la causa por delincuencia organizada.