JIMÉNEZ DEL TEUL. Un tribunal federal concedió la suspensión provisional del proyecto de la presa Milpillas, tras los amparos interpuestos por el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco en contra de la autorización ambiental otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Como parte de las acciones legales para proteger el territorio, el 24 de julio el movimiento interpuso 12 amparos indirectos en representación de las comunidades y ejidos que resultarían afectados por el proyecto, tales como Las Bocas, Carretas, El Potrero, Atotonilco, Corrales y Estancia de Guadalupe.
A estos se sumaron representantes de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que recurrieron a los tribunales “con el fin de hacer valer nuestros derechos frente a la autorización que se otorgó de manera condicionada”.
Estos recursos legales fueron distribuidos entre los juzgados primero y segundo de Distrito en la capital de Zacatecas, con el objetivo de impugnar el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental que autorizaba la obra de manera condicionada.
En lo que los activistas calificaron como “una gran victoria de los pueblos que defienden la vida”, el colectivo informó que se logró obtener una orden judicial para suspender las obras de manera inmediata.
Esta medida cautelar frena temporalmente el desarrollo del proyecto y va dirigida directamente contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
POR UNA “SUSPENSIÓN DEFINITIVA”
Tras este fallo, los integrantes del movimiento aseguraron que mantendrán firme su postura y continuarán expresando su rechazo a la presa Milpillas tanto en las asambleas ejidales como en las calles.
En ese sentido, hicieron un exhorto formal a las autoridades judiciales para que el caso se resuelva estrictamente conforme a derecho y alejados de cualquier consigna política. Esta exigencia surge como respuesta a la serie de violaciones a los derechos humanos que las comunidades afirman haber padecido por parte de la Semarnat y de diversas instancias de gobierno tanto federales como estatales.
Ante este panorama, el movimiento manifestó que su objetivo final es elevar la actual medida cautelar para que pase de ser una suspensión provisional a una definitiva.
UN TERRITORIO HABITADO
Los integrantes del movimiento señalaron que la resolución de la Semarnat fue elaborada bajo una supuesta “perspectiva ambiental” que ignora por completo la interdependencia entre el ecosistema y las comunidades humanas.
Aseguraron que las autoridades federales omitieron un factor crucial: que la zona proyectada para la obra es un territorio habitado por miles de personas cuya subsistencia e identidad dependen directamente del flujo natural del río Atenco.
Aun así, el movimiento afirmó en su pronunciamiento que el aval institucional no les sorprende, argumentando que la dependencia ha adoptado históricamente una postura que no solo desatiende las demandas de los pueblos, sino que incluso litiga activamente en contra de quienes se oponen a los megaproyectos.
Asimismo, recordaron que esta política de oídos sordos ha menospreciado de manera sistemática la voluntad ejidal y las investigaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), cuyos especialistas ya habían demostrado la inviabilidad técnica, ambiental, económica y social de la presa.
“Al mismo tiempo que han dado una alternativa menos costosa y con una proyección a largo plazo para resolver el déficit de agua en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe y la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región”, precisaron en el comunicado.
HOSTIGAMIENTO
“Representantes de los tres niveles de gobierno y secretarías, han dicho que ´no habrá imposición de la presa Milpillas´, que ´si no hay consenso, no se hace´.
“Sin embargo, como Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco hemos denunciado cómo estos funcionarios públicos dicen una cosa, y en los hechos hacen otra cosa, pues no han respetado la voluntad de los ejidos y comunidades río abajo, expresada en las asambleas ejidales, en las marchas y en la Reunión Pública de los Pueblos, que hemos realizado en la cabecera municipal para expresar nuestro rechazo al proyecto de la presa”, denunciaron en el comunicado.
En su lugar, expusieron, los funcionarios condicionan los servicios municipales y la atención a las demandas poblacionales a cambio de respaldar el proyecto de la presa, “con la intención de dividir a los habitantes de los ejidos y comunidades, al mismo tiempo que estigmatizan y ponen en riesgo la labor que realizan los defensores del río”.
Asimismo, aseguraron que compañeras que se han solidarizado con el movimiento han sido despedidas de su trabajo y se ha utilizado información, en manos de servidores públicos, para intentar desacreditar a las defensoras de derechos humanos de sus comunidades, además de que los ejidatarios han sido hostigados para cambiar su postura.