FRESNILLO. Tras ocho meses de parálisis administrativa y la presión legal, el Gobierno del Estado nombró a Edith Arellano Sotelo como nueva titular de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, una designación que busca destrabar el rezago de miles de trámites de regularización de tierras en el estado.
Rodolfo Cid Ruvalcaba, presidente del Colegio de Abogacía José González Echevarría, advirtió que el nombramiento es apenas el primer paso. El verdadero reto, señaló, consistirá en dotar a la funcionaria de personal y recursos materiales suficientes para atender juicios sucesorios, regularización de tierras y procedimientos de vacancia, entre otros.
Por ello, aseguró, el colegio permanecerá atento al desempeño de la nueva titular para verificar que los asuntos sean atendidos bajo el principio constitucional de una justicia pronta y expedita.
“Antes, incluso, trámites sencillos como la solicitud de copias podían tardar hasta dos meses, mientras que otros procedimientos se prolongaban entre tres y cuatro meses”, puntualizó.
PRESIÓN Y RETRASOS
Cid Ruvalcaba consideró que el nombramiento fue resultado de un conjunto de acciones emprendidas por el colegio, entre ellas la presentación del amparo promovido contra la omisión del gobernador David Monreal Ávila para nombrar a un nuevo titular, solicitudes de exhorto ante la Legislatura y una queja ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como la cobertura de los medios de comunicación y la presión social para visibilizar la problemática.
Sin embargo, precisó, durante los ocho meses en los que la dependencia permaneció sin titular los ciudadanos continuaron presentando documentos y promociones a la Dirección de Fraccionamientos Rurales, pues esta instancia se encarga de trámites necesarios para acreditar la propiedad de fincas, parcelas, potreros y otros terrenos, además de gestiones relacionadas con pozos, apoyos agrícolas, semillas, fertilizantes y documentación para actividades ganaderas.
Sin embargo, expuso, “todos los procedimientos” no pudieron avanzar debido a la falta de una autoridad facultada para autorizarlos y resolverlos.
