Aguirre y los 43
“La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”: Cicerón
No sé si Ángel Aguirre es responsable de haber ocultado o destruido videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala tomados la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Sí sé que encarcelar al ex gobernador de Guerrero no aclarará lo sucedido.
Aguirre está siendo procesado por su posible participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero específicamente se le acusa de haber ordenado el ocultamiento o destrucción de esas grabaciones. Dos imputadas convertidas en “personas colaboradoras” han testificado en su contra: Lambertina Galeana Marín, de 81 años, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, de 73, ex subprocuradora estatal.
En un principio la magistrada Galeana dijo que los videos no existían. Después afirmó que las imágenes no eran claras y que por eso había mandado borrarlas. Más tarde dos técnicos declararon que los videos estaban dañados. Detenida en 2025, y bajo presión de la FGR, la ex magistrada se acogió a un “criterio de oportunidad”, cambió sus declaraciones y responsabilizó a Aguirre de haber ordenado la destrucción de los videos. El hecho de que también han desaparecido unos videos de Capufe fortalece la hipótesis de que alguien conspiró para borrar huellas.
La detención del ex gobernador de Guerrero, electo en 2011 como candidato del PRD, ha sido bien recibida por los padres de los normalistas desaparecidos. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, me dijo en una entrevista que es un paso adelante en la justicia. El encarcelamiento de Aguirre logra aplausos políticos.
Aguirre ha negado haber intervenido en la desaparición de los videos. El 15 de mayo de 2025, después de la detención de Galeana, emitió un mensaje que decía: “Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.
Si se comprueba que Aguirre ocultó o destruyó los videos, debe ser objeto de una sanción; pero quien espere que esto aclare qué pasó con los normalistas, o dónde están sus cuerpos, se equivoca. Sabemos que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales en Iguala; los videos solo lo corroborarían. Lo importante es saber quién ordenó el secuestro masivo, a quién fueron entregados los estudiantes, qué hicieron con ellos y dónde están los cuerpos.
Si la FGR quisiera realmente aclarar el destino de los normalistas solo tendría que atender las instrucciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando todavía era independiente. La recomendación 15VG/2018 pidió el análisis genético de restos humanos encontrados en el basurero de Cocula que podrían haber pertenecido a los normalistas de Ayotzinapa. Los gobiernos de la 4T no los han enviado al Laboratorio de Identificación Genética de Innsbruck; tienen miedo, al parecer, de que correspondan a los normalistas y se confirme que fueron quemados en ese basurero. El problema es que esto forma parte de la “verdad histórica” repudiada por razones políticas, aunque muchos de sus elementos estén comprobados.
La FGR parece más interesada en perseguir un delito de obstrucción de la justicia que en encontrar los cuerpos de los estudiantes y castigar a los responsables de su secuestro y matanza. La ideología pesa más que el compromiso de aclarar el caso y procurar la justicia que merecen los familiares de las víctimas.
SOLALINDE
Ni Jesús Murillo Karam ni la CNDH inventaron la quema de los cuerpos. El padre Alejandro Solalinde declaró en varias entrevistas en octubre de 2014: “Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos. Les pusieron diésel. Algunos de ellos estaban vivos, otros muertos. Hay testigos, pero tienen miedo de hablar. Son testigos de los mismos policías”.