ZACATECAS. En el informe individual que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a la Cuenta Pública 2025 del gobierno de Zacatecas, se identificaron errores en los cálculos de distribución de recursos a los ayuntamientos.
El organismo auditor apuntó que el Fondo General de Participaciones de diciembre se distribuyó con una metodología que no está formalizada. Sin embargo, el gobierno de Zacatecas implementó acciones para evitar la recurrencia.
En dicho informe se determinaron 12 resultados: en siete de éstos no se detectaron irregularidades y en cinco fueron solventados.
NO CONSIDERARON IMPUESTOS
La ASF revisó el proceso en el que el gobierno estatal distribuyó las participaciones federales a los municipios; y auditó un monto de 4 mil 309 millones de pesos, es decir, la totalidad de recursos asignados a este concepto.
De acuerdo con el organismo, el estado no consideró los impuestos Sobre la Renta (ISR) y a la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles en las fórmulas para la distribución de recursos del Fondo Único de Participaciones, “por lo que se encontraron diferencias en los montos distribuidos entre los Municipios”.
Por ello hubo un cálculo de disposición de enero a marzo de 2025 que no era correcto “y, en consecuencia, 19 municipios vieron disminuidas sus participaciones en relación con los importes que debieron asignárseles”.
Aunque no se especificaron los fondos en que hubo afectaciones, se concluyó que la administración estatal “realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios de la entidad federativa, excepto por las áreas de mejora identificadas”.
DESLINDE DE RESPONSABILIDADES
Otra anotación que hace la ASF es un error de cálculo en la distribución del Fondo de Fomento Municipal, pues se tomó de base la recaudación del impuesto predial de 2022 y no de 2023, “lo que ocasionó que 12 municipios recibieran participaciones menores a las que debieron asignárseles por 1 millón 58 mil pesos”.
Otra disposición de recursos observada fue la que se hizo del Fondo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicado a la venta final de gasolina y diésel, en la que “19 municipios vieron disminuidas sus participaciones en relación con los importes que debieron asignárseles”.
El organismo auditor reportó que en estos casos que hubo una incorrecta distribución de recursos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procedimientos para determinar posibles responsabilidades.