CHALCHIHUITES. El secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, confirmó que un conflicto laboral mantiene detenidas las actividades en la mina Pan American Silver; sin embargo, señaló que éste se resolverá a través de los cauces legales, luego de que un juzgado federal invalidó la votación sindical realizada hace algunas semanas.
Sobre el tema explicó que sostuvo una conversación con Napoleón Barrón Mercado, director de Responsabilidad Social y Gobierno de la empresa minera, quien le confirmó que el origen de las protestas está relacionado con dicha resolución judicial.
Si bien dijo respetar el derecho a la manifestación, Miranda Castro sostuvo que la interrupción de las operaciones de la mina ubicada en Chalchihuites “está totalmente fuera de la ley”.
Comentó que actualmente ya existe un sindicato electo y que corresponde esperar a que concluya el proceso jurídico iniciado por los grupos inconformes, quienes promovieron un medio de defensa contra la determinación del juzgado federal.
“Si ya se optó por la vía jurídica, tenemos que dejar que concluya el proceso legal. No puede ser que, cuando no nos asista la razón de inmediato, vayamos y paremos operaciones; creo que no es un buen mensaje”, expresó el funcionario estatal.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Jorge Miranda advirtió que la paralización de la actividad minera también genera consecuencias económicas para el estado, sobre todo en las participaciones federales, ya que una parte de estos recursos depende de la dinámica de producción del sector.
No obstante, reconoció que aún es prematuro cuantificar las pérdidas debido a que el paro apenas lleva algunos días, por lo que llamó a mantener una postura razonable mientras continúan las negociaciones.
Asimismo, informó que la empresa mantiene una mesa de diálogo con las personas que han manifestado su inconformidad, con la expectativa de que el conflicto se resuelva en los próximos días.
El secretario de Economía minimizó el número de participantes en la protesta al señalar que no se trata de un grupo numeroso.
Aunque aceptó que, amparados en el derecho a la libre manifestación, incluso grupos pequeños pueden generar afectaciones importantes al detener las operaciones de una unidad minera estratégica para la economía estatal.