ZACATECAS. La aplicación del nuevo costo por parte de los concesionarios no se considera un efecto directo del acto reclamado y, en consecuencia, no es susceptible de suspensión.
Por ello, la jueza federal, Bárbara Valeria Rosas Fuentes, determinó negar la cancelación del incremento a la tarifa del transporte público dentro del juicio de amparo indirecto 1044/2026 promovido por ciudadanos.
Esto luego de que el Juzgado Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación admitió el 14 de mayo la demanda de amparo, impulsada por el despacho del abogado Jean Lovis Gallegos Murillo, en la que se solicitaba la suspensión de los nuevos precios del pasaje mientras se resolvía el fondo del asunto, para evitar una afectación económica entre los usuarios.
DESAHOGO DE INFORMES
En audiencia incidental, celebrada el martes 26, se desahogaron los informes de autoridades señaladas como responsables, así como las pruebas y alegatos rendidos por las partes, entre ellas los quejosos.
Al resolver el incidente de suspensión, la jueza concluyó que no es procedente otorgar la medida cautelar solicitada, al considerar que la autorización del incremento tarifario constituye únicamente un presupuesto para la actualización de la tarifa del transporte, mientras que el cobro del pasaje deriva de la concesión administrativa y no del acto de autoridad impugnado.
Por ello, argumentó que la aplicación del nuevo costo por parte de los concesionarios no se considera un efecto directo del acto reclamado y, en consecuencia, no es susceptible de suspensión.
IMPUGNACIÓN
En el juicio de amparo en trámite, el grupo de ciudadanos impugna el aumento de la tarifa del transporte público en la entidad, entró en vigor el 1 de mayo, elevando en un peso la tarifa general y en 50 centavos la tarifa preferencial, quedando en 11 y ocho pesos, respectivamente.
Los quejosos atribuyen presuntas violaciones constitucionales por la falta de estudios técnicos y financieros que lo justifiquen, además de una posible afectación al derecho humano a la movilidad al considerar que se privilegian intereses de concesionarios sobre los usuarios.
La audiencia constitucional del caso fue fijada para el 24 de julio, fecha en la que la jueza analizará el fondo del asunto para determinar si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en su caso, resolver sobre la concesión del amparo.