ZACATECAS. El conflicto en la mina Camino Rojo presenta un trasfondo principalmente sindical y, hasta el momento, no existen denuncias formales por delitos como extorsión o vínculos con el crimen organizado, afirmó el gobernador David Monreal Ávila.
Una investigación periodística reveló que la mina Camino Rojo, propiedad de Orla Mining y ubicada en Mazapil, recurrió presuntamente al crimen organizado para amenazar a trabajadores afiliados a la Sección 335 del Sindicato Nacional Minero y vulnerar sus derechos laborales.
El hallazgo se basa en el informe del panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, que concluyó que la empresa es “responsable directa de injerencia patronal” en actividades sindicales.
David Monreal encabezó este lunes, en la sede del Clúster Minero de Zacatecas, la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, con la participación de directivos, inversionistas y propietarios de las empresas involucradas, quienes atribuyen a disputas internas entre sindicatos las acusaciones de una presunta intromisión del crimen organizado.
Explicó que según la información recabada, el conflicto tiene origen en el proceso de elección sindical en la mina, el cual derivó en inconformidades al no favorecer a uno de los grupos participantes.
Ante este escenario, dijo, se intentó suspender la elección mediante un llamado a huelga y posteriormente se generó una narrativa mediática sobre la presunta intervención de grupos criminales.
Destacó que con base en la información proporcionada en la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde participaron las fiscalías generales de la República (FGR) y de Justicia del Estado (FGJE), así como representantes del sector minero, no existe hasta ahora ninguna denuncia formal por hechos delictivos.
No obstante, el mandatario reconoció que sí existen quejas relacionadas con la actuación sindical y posibles intervenciones patronales en el proceso interno, algunas de las cuales se llevaron a instancias como el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC y la Secretaría de Economía.
Agregó que en Camino Rojo se implementó un operativo denominado Mina Segura, para prevenir cualquier riesgo ante las versiones difundidas y no se ha registrado incidente alguno que confirme la presencia de grupos delictivos en la zona.
Este despliegue tiene la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y, próximamente, la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Las autoridades continúan el análisis del tema y se mantendrá vigilancia permanente en la región minera.
EMPRESA FIJARÁ POSTURA
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que durante la sesión de este lunes en el Clúster Minero, los representantes de Orla Mining negaron categóricamente las acusaciones sobre la presunta intervención de la delincuencia organizada en la decisión de los trabajadores en la elección sindical.
Aunque corresponde a la compañía esclarecer lo ocurrido, al tratarse de un asunto de carácter interno y sindical.
“De parte del gobierno del estado también les hicimos referencia a que, si hay algún tema que se tenga que denunciar estábamos abiertos a escucharlos, hasta el momento no hay denuncia ni en la FGR ni en la Fiscalía estatal”, afirmó.
Señaló que la minera se comprometió a emitir una postura oficial, lo cual se esperaba este lunes.
Reiteró que por instrucción de David Monreal, quienes integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz continuarán atentos al desarrollo de este caso, especialmente en materia de seguridad, para garantizar la estabilidad en el sector minero.