FRESNILLO. El 9 de marzo comenzará la auditoría forense al Ayuntamiento de Fresnillo, enfocada en la revisión del gasto federalizado ejercido por la administración municipal, informó Héctor Menchaca Medrano, titular del Órgano Interno de Control (OIC).
Explicó que ello abarca obra pública, contrataciones, adquisiciones, convenios, compra de patrullas, armamento y programas sociales financiados con fondos federales.
En este sentido, expuso, las áreas que podrían estar involucradas son Finanzas, Obras Públicas, Desarrollo Social, Administración y Sindicatura, entre otras que ejecuten o administren recursos federales.
Afirmó que, de existir alguna anomalía, se emprenderá una investigación formal. No obstante, evitó emitir juicios anticipados al respecto: “Esperemos los resultados. Adelantar conclusiones sería irresponsable”.
UN PROCESO EXTENSO
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó de esta fiscalización mediante un oficio, fechado el 18 de febrero, el cual fue recibido en la Presidencia Municipal y turnado el 24 del mismo mes al OIC.
Aunque ya existe fecha de arranque para la fiscalización, a cargo de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, no se estableció un plazo definido para la conclusión de los trabajos.
En este sentido, el funcionario local precisó que, con base en lo que ha revisado, este tipo de auditorías puede extenderse de uno a tres meses, dependiendo del volumen de información requerida y de la complejidad de los expedientes. Incluso, no descartó que el periodo pudiera ampliarse.
LOS AUDITORES
Menchaca Medrano explicó que acudirá a Fresnillo un equipo multidisciplinario de auditores federales, que puede incluir peritos en obra pública, especialistas en software y personal técnico para inspecciones físicas en campo. El ayuntamiento, dijo, solo deberá designar un enlace oficial para canalizar toda la información requerida.
Asimismo, el gobierno de Fresnillo está obligado a proporcionar un espacio físico dentro de la Presidencia Municipal, con servicios de energía eléctrica, Internet y facilidades logísticas necesarias para el desarrollo de la auditoría. Esto con el fin de agilizar la entrega y revisión documental.
Recordó que la negativa a proporcionar información o cualquier acto que obstaculice la labor fiscalizadora puede derivar en sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación penal aplicable, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Finalmente, Héctor Menchaca destacó que estarán a la espera del resultado del proceso, el cual será informado oficialmente al OIC una vez concluido.