La profesionalización, como elemento anticorrupción
La profesionalización comprende de forma integral dos aspectos fundamentales: primero, los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, pago de remuneraciones y sepa- ración de las personas servidoras públicas; y segundo, como un proceso permanente que eleva la capacidad de respuesta, así como las competencias y conocimientos de las personas servidoras públicas.
En este sentido, la profesionalización se convierte en un aspecto medular para reforzar la conducta ética, el apego a valores, los comportamientos basados en códigos, la especialización y toma de decisiones con base en criterios técnicos, imparciales y objetivos para generar valor público.
Asimismo, permite generar identidad y vocación de servicio público, modificar los entornos laborales y alinear los incentivos de todo el sistema hacia un comportamiento honesto, transparente y apegado a derecho por parte de los funcionarios.
La profesionalización es un asunto necesario para que las administraciones públicas den resultados, generen valor público a la sociedad y restablezcan la confianza ciudadana en los gobiernos. Sin servicios civiles o profesionales eficientes y sustentados en el mérito, resulta muy complejo dotar a la gestión pública de adecuados mecanismos de operación y orientación a resultados.
Por ello, la profesionalización es condición sine qua non para la efectividad del combate a la corrupción y la impunidad; pues dota al servicio público de un sistema meritocrático, que eleva en su conjunto la calidad, eficiencia, eficacia e integridad de todo el aparato gubernamental, al permitir la incorporación y el desarrollo de personas calificadas, con interés por desplegar sus trayectorias profesionales dentro de la función pública, con una adecuada escala de valores y principios éticos.
Profesionalizar a los funcionarios públicos, además de ser una herramienta que permite elevar la gestión pública, mediante la innovación permanente, la eficiencia y la mejora en los estándares de calidad, es una condición que contribuye al combate a la corrupción. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera lo siguiente:
“La calidad de las políticas públicas y de los servicios prestados por cualquier gobierno está estrechamente vinculada a la calidad de su servicio civil. La forma en que se gestiona el servicio civil – es decir, las funciones cruciales en la gestión de los recursos humanos (GRH) como la planificación, el reclutamiento y la selección, el desarrollo profesional, y los incentivos para la profesionalización, entre otras– es crítica para la atracción, retención y motivación de personal idóneo”.
En la misma línea, diversos estudios han demostrado la relación existente entre el desarrollo de servicios civiles profesionalizados bajo esquemas de mérito, y su contribución a problemas como la reducción de la pobreza, el crecimiento económico, y el adecuado combate a la corrupción.
La Universidad de Nottingham publicó un estudio en el que determinó cuatro componentes para que los servicios civiles funcionen en los países en vías de desarrollo, a saber: el primero fue minimizar la influencia política en la gestión del servicio civil; segundo, frenar las prácticas de nepotismo en la gestión del empleo público; tercero, garantizar que el desempeño es importante en la gestión del servicio civil; y cuarto, promover una remuneración suficiente, como un factor de retención del talento.
Por su parte, Nicholas Charron sugiere que los riesgos de que las personas servidoras públicas caigan en prácticas de corrupción disminuyen cuando sus posiciones no dependen de conexiones políticas, y acceden y se desarrollan por la vía meritocrática.
Es precisamente esta visión, la que hace de la profesionalización una tarea fundamental para el cumplimiento eficaz de las tareas del gobierno, dotando de capacidades a las personas servidoras públicas que laboran en él. Desde esta perspectiva, impulsar el desarrollo de personas servidoras públicas mediante sistemas que promuevan el mérito fortalecerá las capacidades de las instituciones públicas, incluyendo la promoción de un ejercicio apegado a principios éticos.
* Columna colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
** Maestro en juicios orales, especialista en Seguridad Pública, Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR