CIUDAD DE MÉXICO. A más de 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de las víctimas recorrieron la funeraria «El Ángel», en Iguala, donde autoridades federales reportaron el hallazgo de restos óseos de 2014 y un horno crematorio sin registro oficial.
El inmueble, ubicado junto al Servicio Médico Forense (Semefo), en la entrada del municipio, fue asegurado desde octubre de 2025 como parte de las diligencias del caso.
Durante el recorrido, funcionarios de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa y de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia explicaron que el sitio presentaba múltiples anomalías operativas y posibles vínculos irregulares con el Semefo, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
En el lugar se localizaron cuerpos sin identificar que llevan años sin ser entregados, prendas de vestir y al menos tres hornos, uno de ellos sin registro oficial.
Peritos también detectaron indicios de quema en diversas áreas, entre ellos un espacio con residuos que podrían corresponder a combustión de materia orgánica.
Entre los hallazgos destaca una bolsa con restos óseos fechados en 2014, cuya permanencia por más de una década sin análisis generó cuestionamientos de las familias.
Los padres exigieron que los estudios genéticos sean realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, al advertir falta de confianza en las instituciones.
Durante la visita, los familiares reclamaron que las autoridades mantienen rezagos en líneas clave de investigación, en particular la entrega de documentos militares ordenada por un juez.
Señalaron que, pese al tiempo transcurrido, no se ha profundizado en los elementos considerados centrales por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El recorrido incluyó áreas con acumulación de cuerpos, zonas acordonadas y puntos bajo análisis pericial, como un pozo y espacios donde se realizaban excavaciones con cribado de tierra.
En uno de los niveles se observaron indicios de quema reciente, así como objetos personales y una prótesis.
A pesar del despliegue forense, hasta ahora no existe evidencia concluyente que vincule los restos localizados con los estudiantes desaparecidos.
Las familias se retiraron con más dudas que certezas, al considerar que los hallazgos no aportan elementos sólidos para esclarecer el paradero de los jóvenes, se explicó.
«Tenemos experiencia de los engaños del gobierno, y por eso las autoridades tienen que explicar cómo permaneció la bolsa de restos durante más de 11 años y cómo fue que la encontraron», dijo una madre de un normalista desaparecido.
«Para las madres y padres la reunión fue difícil porque las autoridades no priorizan líneas de investigación que las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideran clave. Reclamaron que a pesar de que un juez ordenó que el ejército entregue los 800 folios, no se ha hecho. Han dejado las líneas de investigación. Es necesario jalar de los hilos necesarios, pero el hilo más grueso con el ejército no se ha tocado», consideró el CDH.
«¿Cuándo van a hacer lo del GIEI? ¿Cuándo van a empezar con los folios? En 11 años que pasaron ya, ¿no creen que alguien en su momento haya limpiado?», reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández.
Los familiares denunciaron condiciones alarmantes en las instalaciones. «Lo buscábamos en vida», dijo un familiar, quien advirtió que, en el peor de los casos, no aceptarían restos fragmentados, sino «el cuerpo completo».
«Todo huele a muerto», expresó Mario González.
La organización civil señaló la presencia de cuerpos apilados, ropa y zonas acordonadas, así como un área con señales de quema. También señalaron un horno clandestino bajo sospecha, con un piso que presentaba «grasas» presuntamente humanas, mientras peritos realizaban excavaciones y revisaban tierra con cribadoras en busca de indicios.
Pese a los hallazgos, advirtió que no hay elementos concluyentes.
«A pesar del ambiente lúgubre no se puede asegurar algo que lleve al paradero de los normalistas», señalaron.
El caso Ayotzinapa se mantiene sin resolución, mientras persisten señalamientos de omisiones, manejo irregular de evidencias y falta de acceso a información clave por parte de las autoridades.
Benito Jiménez
Agencia Reforma