ZACATECAS. El gobernador David Monreal Ávila envió una iniciativa al Congreso del Estado para endurecer las sanciones contra el abuso sexual y que no prescriban los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual.
En la iniciativa, leída por la diputada Imelda Mauricio Esparza, se contempla aumentar las penas, que actualmente van de dos a cinco años de cárcel, a seis y hasta 10 años de prisión “a quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue a ejecutarlo”.
Si hubiera violencia física o moral, el castigo sería de nueve a 15 años de cárcel, mientras que la legislación actual, en el artículo 231 del Código Penal, solo considera en este caso prisión de tres a seis años.
En este proyecto de reforma se propone establecer que el abuso sexual también se considerará cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.
AGRAVANTES
En los delitos de abuso sexual contra menores de 12 años, personas que no puedan comprender el hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, el gobernador solicitó aumentar el castigo de seis a 13 años de prisión, cuando la víctima además sea adolescente. La sanción actual es de cuatro a siete años de cárcel.
La iniciativa considera agravantes para aumentar las penas por abuso y violación en una mitad cuando el delito se cometa en algún centro educativo, religioso, de trabajo o cualquier otro de naturaleza social; en transporte público; cuando el victimario tenga un vínculo familiar y/o afectivo; o la víctima hubiera consumido drogas en contra de su voluntad.
De aprobarse esta propuesta serían excluidos de la aplicación del trabajo en beneficio de la comunidad, los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas.
En su exposición de motivos en la iniciativa, Monreal Ávila advierte que la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal hizo un diagnóstico en el que ubicó a Zacatecas como:
“Una de las entidades federativas en que si bien se encuentra homologado dicho delito, con la denominación que se contempla en el Código Penal Federal vigente; no se contemplan una punibilidad que enmarque a dicho delito como grave”.
CASOS DEL AÑO PASADO
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) registró, según sus datos de incidencia delitiva, 371 denuncias de abuso sexual y 195 por otros delitos contra la libertad y seguridad sexual, durante 2024.
En los primeros cinco meses del año pasado se reportaron 128 denuncias de abuso sexual y 68 contra delitos contra la libertad y seguridad sexual.
PROPONEN NUEVA LEY DEL NOTARIADO
El diputado Jesús Padilla Estrada presentó un proyecto de nueva ley del notariado, con 277 artículos propuestos.
Acusó la necesidad de una nueva ley debido a que la actual, publicada en 2006, durante el sexenio de Amalia García Medina, debió ser refrendada por el titular de la Coordinación Jurídica en ese momento.
“Es necesario expedir una nueva Ley del Notariado del Estado de Zacatecas, con el fin de eliminar ambigüedades y vicios que afectan su constitucionalidad”, alegó el diputado local.
Explicó que según la legislación en 2006, las leyes tenían que ser refrendadas por el secretario general de Gobierno y por el titular del ramo a que el asunto corresponda, que en la Ley del Notariado debió ser el coordinador jurídico.
El morenista recordó que en 2015 se reformó el artículo 85 de la Constitución estatal para que las leyes solo fueran refrendadas por el secretario general de Gobierno; y en ese mismo año se hizo un decreto para reponer el acto promulgatorio.
Sin embargo, ese decreto “no puede sustituir el acto solemne del refrendo porque no existe ninguna disposición constitucional que así lo establezca y, además, porque no surge en el marco de un proceso legislativo específico sino de un acto administrativo unilateral emitido por el Poder Ejecutivo”.
En su proyecto de ley, Padilla Estrada sugiere que el gobernador, “durante su periodo de mandato y cuando a su juicio la necesidad del servicio lo requiera, podrá instituir cuatro Notarías Sociales en todo el Estado, una por cada distrito federal electoral”.
Por su parte, el priísta Carlos Peña Badillo propuso establecer la obligación de que se presente un informe anual sobre la situación de seguridad en la entidad.