CIUDAD DE MÉXICO. Con alrededor de 70 cambios a la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en una sesión de 24 horas continuas, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Aguas, que modifica el régimen de concesiones y distribución de agua en el país.
En medio de acusaciones, insultos e incluso empujones, Morena y sus aliados aprobaron un paquete de 18 reservas, que se sumaron a las 50 que previamente habían realizado para atender, dijeron, las demandas de los productores.
La reforma fue avalada con 324 votos a favor, 118 en contra de PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y la petista Patricia Galindo Alarcón y dos abstenciones de la petista Aracely Cruz y la independiente Araceli Mendoza Arias.
Los cambios, que fueron turnados al Senado, ampliaron las sanciones para delitos en materia de agua y revivieron la retroactividad de la reforma, al establecer en el artículo segundo transitorio que en tanto no se emitan las disposiciones reglamentarias respectivas, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, «con excepción de las transmisiones y cambios de uso».
Además, especificaron que las transmisiones pasarán a ser reasignaciones de volúmenes de agua, amplían de dos a tres años previos al término de su vigencia, el plazo para solicitar prórrogas de concesiones y exceptúan de sanciones a quienes altere, desvíe u obstruya los causes, vasos, corrientes o flujos de agua para «uso agropecuario familiar».
Con más de la mitad de su contenido modificado, el diputado del PRI, Emilio Lara, calificó la reforma como un «Frankenstein legislativo» y advirtió que, pese a los cambios, la reforma no garantiza la certeza de las concesiones y herencias, porque para ello, tenían que reformar el artículo 22, que prohíbe la transmisión de derechos de agua.
Durante poco más de 24 horas de debate, diputados de la mayoría y de la Oposición intercambiaron insultos e incluso empujones, en medio de una guerra de carteles en los que mutuamente se acusaron de tener entre sus filas a acaparadores de agua.
Los ánimos se calentaron cuando el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que la reforma no había sido consultada con los pueblos indígenas, lo que era violatorio de la Constitución.
«No hay consulta, ese es el tema, no los consultaron. Esta ley es inconstitucional por esa sola razón», lanzó.