ZACATECAS. Ante el paro que se mantiene en cerca de 500 escuelas estatales por docentes en contra de la federalización, el diputado perredista Eleuterio Ramos Leal consideró que es válido interponer un proceso en contra de la secretaria de Educación, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, para su destitución.
“Yo creo que válidamente puede hacerse. Lo pueden hacer los maestros, lo pueden hacer los padres de familia, lo puede hacer quien considere que su trabajo es deficiente, en el sentido de no atender las obligaciones, las facultades, las responsabilidades”, aseveró.
Recordó que la Ley Orgánica establece las funciones que debe tener la titular de Educación del estado, y si éstas no se cumplen, incluso pudiera solicitarse una destitución.
“Ni siquiera requeriría juicio político, porque no tiene ninguna protección constitucional adicional, simplemente es una secretaria de estado, entonces las sanciones administrativas están en la propia legislación y desde luego que implica la posibilidad de destitución”, explicó el legislador local.
PROBLEMA SE AGRAVA SIN DIÁLOGO
En cuanto a la postura de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que exige claridad y certeza en el proceso de federalización de al menos 874 plazas, Ramos Leal advirtió que “los derechos de unos se cruzan con los derechos de algunos otros, siempre, regularmente”.
Expuso que “los derechos de los niños siempre deben estar por encima de cualquier otra garantía individual, como grupo vulnerable. El derecho a la educación tiene que ser fundamental”.
Aunque admitió que el magisterio tiene derecho a protestar y a que no se les perjudique con una decisión de estado.
“Me parece que ha estado fallando la disposición de las autoridades estatales para el diálogo y para la atención de las inquietudes del sector magisterial”, expresó el perredista.
Si las autoridades hubieran dialogado desde el primer día, refirió, el problema no estaría como ahora, con una sección sindical que está en paro desde el 24 de noviembre.
Ante este panorama, insistió en que los padres de familia podrían recurrir a las autoridades federales mediante un amparo. El diputado advirtió que el gobierno del estado debería ser el más interesado en que se actúe ante las omisiones para atender al sector educativo.