Zacatecas.– Un daño al erario por 2 millones 411 mil 865 pesos, una inhabilitación y el fracaso de uniformes escolares en el pasado quinquenio son elementos que fueron revelados en el expediente TJA/RAG/0032/2024-II, que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas (Trijazac) concluyó recientemente.
El caso inició en 2018, a raíz de una denuncia de irregularidades que recibió la Secretaría de la Función Pública (SFP), respecto al programa de uniformes, que maneja su homóloga de Desarrollo Social (Sedesol).
Según el expediente, se abrió la licitación pública estatal SAN-932079957-31-2018 para la adquisición de telas para confeccionar los uniformes, pero el proveedor que resultó ganador incumplió con las especificaciones del material requeridas.
En la documentación se indica que el monto que contemplaba la licitación fue por 19 millones 803 mil pesos, pero se registró un faltante de telas entregadas por 6 millones 214 mil.
Es así que el gobierno estatal le entregó 16 millones de pesos al proveedor Juan Antonio Arellano Benítez, cuando los pagos debieron ser, según la cantidad recibida de telas, por 13 millones 588 mil.
La licitación establecía que debían entregarse 145 mil metros (m) de tela Timberland, de composición de nylon, pero solo se entregaron 106 mil 332 m de tela poliéster.
SANCIÓN A FUNCIONARIA
Según las actas de los hechos, el material recibido fue devuelto en conformidad con ambas partes, pero persistió el señalamiento de daño al erario por cerca de 2.4 millones de pesos.
Por ello, se inició un procedimiento y acabó en una inhabilitación de tres meses para Rosario Loera López, directora de Programas Sociales de la Sedesol, al momento en que se hicieron las denuncias.
Se consideró que la entonces funcionaria incurrió en abuso de funciones, al simular cumplimientos, mientras que al proveedor no se le acreditó el mismo supuesto, según resolvió la magistrada del Trijazac, Yadira Torres Muhech.