CIUDAD DE MÉXICO. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera que Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada, sea extraditado a México, luego de que se diera a conocer que está detenido en Estados Unidos por problemas migratorios.
«Estamos esperando toda la info de la Fiscalía, y espero que en unas horas podamos tener toda la información. La idea es que se envíe a México», expresó la Presidenta en su conferencia de prensa mañanera.
Los registros del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) indicaron que Víctor Manuel Álvarez Puga está desde el pasado 24 de septiembre en el Centro de Procesamiento Krome North, una instalación administrativa para personas en situación migratoria irregular, en Miami, Florida.
El empresario y su esposa, la ex conductora de televisión Inés Gómez Mont, son prófugos desde septiembre de 2021, cuando se ordenó su aprehensión por un caso de desvío de recursos de contratos para cárceles federales.
Ese mismo año, la Oficina de Policía Internacional (Interpol) emitió una ficha roja para localizar al matrimonio en más de 190 países. La Fiscalía General de la República (FGR) fue quien solicitó al organismo internacional girar la orden de búsqueda.
La pareja ha tenido propiedades de lujo en Miami, incluida, entre 2017 y 2020, una mansión de 15.5 millones de dólares que fue propiedad de la cantante Cher.
El arresto de Álvarez Puga indica que no cuenta con visa de trabajo, visa de turista o algún otro documento que ampare su estancia legal en Estados Unidos, por lo que podría ser deportado.
En paralelo, el Gobierno de México buscará solicitar su detención con fines de extradición, lo que podría provocar que sea trasladado a una prisión federal.
El matrimonio está imputado en una causa penal en la que se libraron doce órdenes de aprehensión, cinco de ellas contra ex mandos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y los otros cinco presuntos factureros.
Según la teoría de la FGR, los funcionarios triangularon 2 mil 950 millones de pesos de dos grandes contratos a un total de seis empresas factureras, y algunas de ellas hicieron depósitos a la pareja.
Álvarez Puga está acusado por transferir 243 mil pesos a una de las compañías de papel y recibir de la misma 2.1 millones de pesos, mientras que a su esposa le atribuyen ser beneficiaria de 14.8 millones de pesos de dos de dichas empresas.
Desde marzo pasado, las cuentas del matrimonio en México están aseguradas a petición de la FGR.
Sus problemas legales se han prolongado desde 2010, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló al despacho contable del mexicano por especializarse en asesorías para la evasión de impuestos.
En el caso de Gómez Mont, desde el 30 de noviembre de 2018, el último día del sexenio de Enrique Peña Nieto, el SAT aceptó un acuerdo reparatorio mediante el que la conductora pagaría 10.9 millones pesos por impuestos federales omitidos y accesorios, a cambio de que fuera archivada una investigación de la FGR por fraude fiscal.
El nuevo Gobierno, sin embargo, rechazó este acuerdo y la FGR no cerró la investigación, por lo que la ex presentadora de televisión solicitó un amparo ante esa determinación que, sin embargo, no procedió.
Desvío millonario
Esto es lo que se sabe sobre el caso de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont:
– Álvarez Puga está bajo custodia de Estados Unidos, debido a su situación migratoria irregular.
– Agentes de ICE lo detuvieron el 24 de septiembre y lo internaron en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami.
– El 2 de octubre, el empresario promovió un amparo para solicitar su liberación, el cual no ha sido resuelto.
– También solicitó asilo político en EU y alegó persecución por sus convicciones conservadoras.
– En México, se le acusa junto a su esposa por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.
– En 2021, la Interpol emitió una ficha roja contra el matrimonio.
– A ambos se les atribuye un desvío de fondos por 17.2 millones de pesos del sistema penitenciario.
– México podría solicitar su detención para extradición.
Claudia Guerrero
Agencia Reforma