CDMX. En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) o destituido a 21 funcionarios por violentar el Padrón Electoral.
Estos empleados ayudaron, de manera indirecta o directa, a tramitar credenciales de elector con documentos alterados o hicieron mal uso del Padrón.
Los hechos se dieron en el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.
Por ejemplo, en un módulo de Guanajuato, dos personas realizaron 19 capturas al sistema del Registro Federal de Electores, lo cual es un delito.
La Contraloría Interna y la Dirección de Asuntos Jurídicos investigó el hecho durante varios meses y, en mayo, se denunciaron a los funcionarios ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
«Los documentos, datos e informes que las personas ciudadanas proporcionen al Registro Federal de Electores, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte», indica la norma interna del INE.
En Sinaloa, otro empleado rompió las reglas, pues no detectó que estaba frente a una usurpación de identidad llevada a cabo por un candidato a un cargo a nivel local, quien no sólo presentó documentación alterada, pues también firmó como otro persona.
«Tenía pleno conocimiento que al momento de realizar dicho trámite ella debía realizar la identificación con algún registro de la base de datos, sin embargo, continuó con el trámite sin advertir que se estaba frente a una posible usurpación de identidad», resolvió el INE.
El Instituto presume que cuenta con reglas y normas estrictas para garantizar la confiabilidad del Padrón Electoral, tanto al momento de tramitar una credencial como en la secrecía de la información.
Incluso, es uno de los puntos que critica de la nueva legislación sobre la CURP biométrica y la obligación del organismo para compartir la información del Padrón, al asegurar que no existen controles y cualquier persona podría meter mano en dicho documento que almacena la información de 100 millones de mexicanos.
«La exigencia de un acceso irrestricto podría entrar en tensión con las disposiciones legales que establecen la confidencialidad de los datos personales que obran en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.
«Esta disposición requeriría definir con claridad los límites, condiciones y mecanismos legales, así como los mecanismos tecnológicos, mediante los cuales el INE podría, o no, permitir dicho acceso, ya que se podría perder el control sobre qué persona o institución accederá a la información del Padrón Electoral que pudiera haberse incorporado a dicha plataforma», señala el INE en su reporte sobre impactos de la nueva legislación que obliga al organismo a compartir información del Padrón.
Por: Érika Hernández