CIUDAD DE MÉXICO. Pese a que le dictaron la prisión preventiva de oficio y se encuentra en calidad de prófugo, Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en Zacatecas y quien resultó ganador en la elección judicial para repetir en el cargo, otorgó a Raúl Beyruti Sánchez, «El Rey Facturero», las facilidades para que lo procesaran sin acudir físicamente a su audiencia y sin ser encarcelado.
Desde 2021, la FGR indagaba a factureras operada por personas que han estado relacionadas con GINGroup, propiedad de Beyruti, para facturar y «dispersar» más de mil 328 millones de pesos para evitar la identificación de los destinatarios finales.
En ese año, se giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el empresario, con base en una imputación que le atribuye haber recibido 4 millones 335 mil 705 pesos en una cuenta bancaria, provenientes de cuatro «factureras», entre 2014 y 2017.
El primer delito tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, es decir, la única forma en que podía enfrentar su proceso era tras las rejas.
Sin embargo, al concederle una suspensión definitiva, el juez García Camacho le permitió a Beyruti comparecer el pasado lunes 22 de septiembre por videoconferencia y le prohibió a Nancy Selene Hidalgo Pérez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ejecutarle la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano, en caso de que lo procesara.
Al día siguiente, el martes 23, Hidalgo -quien también repitió como juez en la elección judicial- vinculó a proceso a Beyruti por los dos delitos y le impuso la prisión oficiosa, aunque reconoció que estaba imposibilitada de encarcelar al empresario por la suspensión concedida.
El Juez García Camacho precisó que mientras la suspensión se encuentre vigente, la libertad de Beyruti estará únicamente bajo su disposición y no bajo la jurisdicción de la Juez Hidalgo, responsable del proceso penal.
Las cuatro «factureras», que hicieron los depósitos por concepto de honorarios asimilados, fueron constituidas entre 2008 y 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la Ciudad de México, pero la FGR señaló que son empresas «de papel» y que esos pagos habrían sido operaciones simuladas.