CIUDAD DE MÉXICO. El elevado nivel de la deuda del Gobierno federal –que es diferente a la deuda pública amplia medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)– conllevaría al riesgo de cambiar el perfil crediticio del País, al borde de perder el grado de inversión, advirtió Moody’s Ratings.
La calificadora estimó que, sin considerar a Pemex, la deuda del Gobierno estaría en 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia 2027.
«¿Cuál es el riesgo para México? Si vemos el nivel de la carga de la deuda de México, estamos hablando de un nivel que estaría entre 45 y 50 por ciento; esto no incluye Pemex», dimensionó Renzo Merino, vicepresidente y analista de crédito senior del grupo de Riesgo Soberano en Moody’s.
«Tenemos un escenario base que nos dice que la carga de la deuda estaría acercándose al 50 por ciento del PIB hacia 2027-2028, dependiendo de cuánta consolidación fiscal haya», agregó.
Al mes de julio, la deuda neta del Gobierno federal ascendió a 44.4 por ciento del PIB, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
En el marco del foro Inside LatAm: México 2025, Merino refirió que dicha deuda subió alrededor de 5 puntos porcentuales solamente el año pasado y advirtió que la carga sería muy cara de mantener.
Moody’s mantiene una calificación crediticia para México de Baa2, el penúltimo escalón del grado de inversión, por lo que el País está a dos peldaños de perder dicho estatus.
«El problema para México es que mantener esa deuda le es caro. Cuando medimos la carga de los intereses del Gobierno respecto a los ingresos que tiene vemos que México es uno de los más débiles: tiene una carga de interés mucho más alta que la mayoría de los pares de calificación», comentó.
Subrayó que el Gobierno federal consume alrededor del 17 por ciento de sus ingresos únicamente en pagos de intereses, lo que implica que hay menos espacio para destinar recursos a infraestructura, educación, salud y otros rubros importantes.
Exhortó a abordar los problemas estructurales que enfrentan las cuentas fiscales del País, como el incremento del gasto rígido del Gobierno, el problema que representa Pemex y las transferencias, que incluyen los gastos sociales.
Charlene Domínguez
Agencia Reforma