CIUDAD DE MÉXICO. Ante las críticas de la Oposición, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, afirmó que con la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, el Gobierno federal no espía ni censura.
Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que en las modificaciones actuales se incluye prácticamente la misma redacción de la regulación previa de 2014.
«El Gobierno ni espía ni censura con la nueva ley de telecomunicaciones, y ahorita lo explico, el artículo 183 del dictamen actual que se aprobó en Cámara de Senadores y está ahora en la Cámara de Diputados, es exactamente igual de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, es exactamente igual a la ley vigente, es decir a la ley que estaba vigente que está todavía vigente, en tanto no se apruebe, que fue aprobada en 2014, por PAN y PRI», afirmó.
Merino dijo que la norma obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia, pero únicamente en los términos que establecen las leyes aplicables, como el artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
«No plantea ninguna posibilidad de acceso ni al nuevo regulador ni, por supuesto, a la Agencia», recalcó.
Recordó que el artículo 182 del dictamen -equivalente al artículo 189 vigente- exige que cualquier colaboración con autoridades sea mediante mandamiento escrito, fundado y motivado, emitido por una autoridad competente.
Además, citó el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados sólo pueden realizarse con autorización judicial, y los datos deben destruirse si no son útiles como prueba.
«Lo que hace la nueva ley, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a los operadores que deben colaborar en los términos de la ley. Y los términos de la ley exigen autorización judicial», enfatizó.
Para exponer sus argumentos, presentó una comparación textual entre los artículos 190 de la ley vigente y el 183 del nuevo dictamen, destacando que la redacción es idéntica y que no se introducen cambios que modifiquen las reglas actuales sobre intervención de comunicaciones.