CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia rechazó atraer un amparo de TV Azteca que cuestiona un crédito fiscal de 2 mil 447 millones de pesos, fincado por el SAT por Impuesto sobre la Renta (ISR) omitido en el ejercicio de 2009.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, desechó sin mayor trámite la solicitud de atracción de la televisora, por lo que el amparo será resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El desechamiento fue acordado el 28 de abril, pero apenas fue notificado hoy.
El tribunal colegiado tramita el amparo de TV Azteca desde julio de 2022, pero la empresa ha usado toda clase de estrategias para bloquear su resolución, incluida la de promover el impedimento de sus tres integrantes, que ya fue rechazado.
TV Azteca tiene un amparo similar ante el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado Administrativo, por otra deuda fiscal de 2 mil 615 millones de pesos por el ejercicio de 2013. En ese asunto, la empresa pidió desde 2023 la atracción de la Corte, lo que también fue negado.
En ambos casos, la resolución de los tribunales colegiados está próxima, y de ser negados los amparos, TV Azteca sólo podría acudir a la Corte para que revise cuestiones de constitucionalidad de leyes, pero no los hechos concretos de las resoluciones del SAT.
La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó en primera instancia la legalidad de ambos créditos fiscales, que se vienen arrastrando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La televisora ha tenido problemas con el SAT por créditos fiscales desde hace años, y en varias ocasiones, el órgano tributario ha embargado sus instalaciones en Periférico Sur para garantizar diversas deudas.
A la deuda fiscal de más de 5 mil millones de pesos se suma una demanda de tenedores de bonos ante una corte federal de Nueva York, que reclaman a TV Azteca el pago de una deuda que, en marzo pasado, fue estimada en 580 millones de dólares.
Grupo Elektra, otra empresa de Ricardo Salinas Pliego, tiene litigios fiscales por más de 41 mil 500 millones de pesos, incluidos dos en la Corte que ha logrado retrasar desde hace ocho meses, mediante impedimentos contra Ministros y otros recursos.