ZACATECAS. La segunda sala penal del Poder Judicial del estado resolvió como improcedente el recurso interpuesto por Jenny González Arenas para recusar a la jueza de control, Esmeralda Castro Dávila, quien el 17 de mayo la vinculó a proceso penal por administración fraudulenta. Por ello interpondrá una demanda de juicio de amparo ante la justicia federal.
El 20 y 21 de mayo la secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) interpuso dos recursos legales. Uno para recusar a la jueza y otro para solicitar “la anulación” de esa audiencia inicial.
Lo anterior al argumentar que la jueza tiene una relación y parentesco con la pareja de abogados de las tres personas que la denunciaron, razón por la cual estaba impedida legalmente para conocer del caso, y al hacerlo violó el debido proceso y sus “derechos humanos a un tribunal de justicia imparcial”.
Es así que en la audiencia de este martes, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), los magistrados de la segunda sala penal, Arturo Nahle García, Juan Antonio Ortega y Miguel Ruiz Robles resolvieron como improcedente la recusación, al considerar que se presentó “de manera extemporánea”, y por ello no se asignará otro juez para el caso.
Cabe mencionar que todavía falta por resolverse el recurso de nulidad de la audiencia en la que González Arenas fue vinculada a proceso penal.
BUSCA AMPARO
Al salir de la audiencia, celebrada en el Palacio de la Mala Noche, Jenny González informó que, ante la resolución, su defensa interpondrá una demanda de juicio de amparo ante la justicia federal.
“Es que de acuerdo a los magistrados, nosotros debimos de haber impugnado o recusado a la jueza desde el 12 de mayo, a pesar de que nosotros ese día no teníamos conocimiento de la relación familiar”, explicó.
Recordó que el Código Penal es muy claro y establece que la recusación procede una vez que las partes o alguna de ellas tenga noción de la causa de la recusación, de la cual “nosotros tuvimos conocimiento hasta el 19 de mayo, pero eso pareció no importar”.
ACUSA PERSECUCIÓN
La secretaria general del SPAUAZ acusó que “jurídicamente, realmente, lo único que está reforzándose es esta sensación que hemos tenido desde el día uno, de que esto es una persecución por parte no solo de la Fiscalía sino también del Poder Judicial del Estado”.
Consideró que desafortunadamente “hay una injerencia arbitraria por parte de otros agentes externos en esta situación, porque en primer lugar se cometen muchas irregularidades”.
Jenny González reprochó que “la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada” con las denuncias interpuestas por ella “en contra de estas personas [sus denunciantes] por agresiones y por amenazas, porque corre riesgo mi vida y la integridad de mi familia. En cambio, en la denuncia en mi contra la FGJE sí procede, ¿verdad? Y ahora el poder judicial”.
Incluso, mencionó, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Carlos Villegas Márquez, emitió declaraciones a la prensa en las que “estaba dictando línea de cómo deberían de proceder los jueces en cuanto a este asunto cuando eso no debería de hacerlo”.
