MONTERREY. Morena y sus aliados van ahora por acabar con las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados como órganos autónomos.
Con el argumento de que el modelo no ha funcionado, el senador morenista Waldo Fernández dijo ayer que su partido, PT y PVEM están analizando en la Cámara alta presentar una iniciativa para que éstas vuelvan a depender del Ejecutivo estatal y que éste proponga al titular.
A nivel nacional, el gobierno morenista quitó independencia al Poder Judicial y ha desaparecido o absorbido a organismos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros.
Entrevistado tras participar en una mesa de trabajo sobre la reforma judicial en Nuevo León, el legislador agregó que aún no hay una iniciativa elaborada, pero es un tema que está estudiándose y que él es uno de los interesados en que se presente.
Detalló que la reforma sólo aplicaría para las Fiscalías Generales, por lo que, aunque en estructura las Fiscalías Anticorrupción y Especializada en Delitos Electorales dependerían de ésta, seguirían siendo autónomas y sus titulares se elegirían con el proceso actual, donde el Congreso los designa.
Dijo que, en Nuevo León, la Fiscalía General ha sido motivo de una disputa política, y eso ha implicado rezagos e ineficiencias en la procuración de justicia.
«Se está discutiendo seriamente el regresar las Fiscalías Generales de Justicia a los Ejecutivos estatales», expresó, «porque el modelo autónomo no ha funcionado.
«Es una discusión que estamos teniendo porque todos los días los ciudadanos salen a la calle y se quejan del sistema de justicia, y muchas veces se quejan contra el Gobernador, cuando el Gobernador no tiene la responsabilidad directa de la Fiscalía.
«Eso no implicaría quitarle mandatos a los Fiscales actuales, pues terminarían su proceso y luego ya lo retomaría el titular del Poder Ejecutivo».
La Fiscalía General de Justicia, como órgano autónomo y parte del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) -lo que llevó años de trabajo y negociaciones con representantes de la sociedad civil- empezó a operar el 9 de marzo del 2018 en Nuevo León.
Antes de que la Fiscalía fuera autónoma, ésta operaba como parte de la estructura estatal y el titular salía de una terna propuesta por el Gobernador al Congreso local.
Fuentes de Morena en el Senado rechazaron pronunciarse sobre el tema alegando que no es prioritario en la agenda.
Consultada hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no existía por el momento ninguna iniciativa en ese sentido, y que prefería que concluyera la reforma al Poder Judicial para luego discutir el futuro de las Fiscalías.