Justicia Transicional en la UAZ
La justicia transicional es un conjunto de estrategias o mecanismos utilizados para superar procesos de violencia generalizado, represión o violaciones sistemáticas a derechos humanos. Si bien es cierto, se habla de justicia transicional en países que han atravesado guerras civiles o disturbios sociales generalizados provocados por violaciones sistemáticas a derechos humanos, gobiernos represores y autoritarios, también es cierto que el proceso que permite salir de ese estado de ilegalidad y de violencia sistemática es perfectamente aplicable al momento en el que nos encontramos ahora en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
El contexto en el que se encuentra la UAZ es de autoritarismo, ilegalidad, represión y, por consiguiente, violación sistemática a los derechos humanos de las y los universitarios, lo que se traduce en un clima de hostilidad, represión, violación a la normatividad interna, violaciones a la contratación colectiva.
Ejemplo de todo ello es la contratación unilateral sin atender los procesos contractuales, la ampliación ilegal del mandato so pretexto de una pandemia o la ampliación ilegal de otro mandato so pretexto de “regresar a la legalidad” solo para durar más tiempo en el cargo, la represión de la que son víctimas las y los estudiantes por el simple hecho de manifestarse o expresar su opinión, la represión de la discusión en los órganos colegiados como el Consejo Universitario, el uso de mecanismos jurisdiccionales para callar voces o amenazar a personas cuyas opiniones les son incómodas al poder. Son solo algunas muestras del estado de represión y conflicto en el que se encuentra la universidad.
Por ello es necesario traer aquí, no solo el concepto de justicia transicional, sino adecuar esos procesos a la realidad que ahora vivimos en la institución en aras de lograr transitar a un proceso de pacificación, de reconstrucción, de respeto a la legalidad y a los procesos democráticos.
En primer lugar, para poder llevar a cabo un proceso de justicia transicional que nos permita retomar el cauce institucional en la universidad, tiene que existir un compromiso pleno de las autoridades de iniciar los procesos que sean necesarios.
Dentro de los principales compromisos es el tener siempre presente que no se trata de decir que lo hizo otro y que los nuevos son diferentes, sino que hay una responsabilidad institucional que se tendrá que asumir, aunque las acciones hayan sido realizadas por personas distintas; el trato respetuoso y tolerante de la nueva administración es fundamental para avanzar en los procesos.
En segundo lugar, el reconocimiento público y expreso de los errores cometidos, aunque haya sido por personas ajenas o distintas, pero con representación institucional; este paso es fundamental.
Un tercer paso es entender que la autoridad es responsable por acción y por omisión, esto es, no solo los integrantes de la administración violentan los derechos de la comunidad universitaria, también otros agentes que, ante la indiferencia o el silencio de las autoridades universitarias, generan violencia, actúan de manera ilegal o represiva en contra de integrantes de la comunidad que manifiestan pública y abiertamente las violencias de las que son víctimas.
Otro de los pasos que hay que seguir para avanzar en el proceso de reconstrucción institucional es la garantía de protección; no se trata de solo el discurso, sino de acciones concretas, tangibles y efectivas que permitan que las violaciones a los derechos de la comunidad universitaria no queden en la impunidad, eso implica una verdadera autonomía de los órganos de protección a los derechos universitarios y un respeto real al marco normativo institucional.
La justicia transicional no es un solo paso, es un conjunto, no es una sola estrategia, es un conjunto de estrategias temporales y/o definitivas, no es solo un discurso, es un verdadero compromiso.