ZACATECAS. El Movimiento Feminista exigió la destitución de Rubén de Jesús Ibarra Reyes como rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y su rescisión contractual, tras ser condenado por el delito de abuso sexual agravado en contra de una menor de edad.
En la puerta y fachada del edificio de Rectoría de la máxima casa de estudios se colocaron pancartas, pintas con la leyenda “destitución al violador”, “UAZ deja de encubrir violadores”, entre otros mensajes, donde calificaron la sentencia como “burla institucional, un brutal mensaje a todas las niñas y mujeres de Zacatecas: ustedes no importan”.
En su pronunciamiento, aseguraron que “no es error, no es falla: es diseño. Lo que ocurrió en esa audiencia, encabezada por el juez Alfredo Sánchez, es exactamente lo que el sistema patriarcal está hecho para hacer […] proteger a los hombres, pero sobre todo a los hombres con poder”.
Advirtieron que desde los poderes Ejecutivo y Judicial hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se construye una red de poder que hoy “ha transformando una acusación de violación equiparada, delito que en nuestro código persigue hasta 20 años de prisión, en ‘abuso sexual’ que, con un procedimiento abreviado, quedará en condena simbólica y libertad condicional”.
Reprocharon que las autoridades filtraron la carpeta y expusieron a la víctima, haciendo a un lado el derecho superior de la niñez, “pisoteando la justicia y dejando la justicia al servicio de los agresores”.
Por ello, exigieron la destitución inmediata de Rubén de Jesús Ibarra Reyes como rector de la UAZ.
Destacaron que como zacatecanas, madres y universitarias, denuncian los procedimientos simulados en las instituciones. “Les decimos que, si el Poder Judicial y la fiscalía están al servicio de los violadores, nosotras no vamos a tolerar más la presencia de agresores en nuestros espacios”.
Grupo de acompañamiento
El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Comunidad Universitaria se sumó a la exigencia de destitución.
De igual forma, se abre el proceso administrativo bilateral correspondiente para la rescisión contractual por causas particularmente graves.
Además, pidió que se garanticen los espacios seguros y libres de violencia de la comunidad universitaria donde se aplique la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia, “por tanto es necesario no tener a ningún agresor sexual como docente ni como funcionario y, en este caso, ni como máxima autoridad”.
A las autoridades universitarias, demandaron dar cabal cumplimiento a la Declaratoria de Cero Tolerancia a la Violencia y que dejen de promover discursos que minimicen el hecho, reduciéndolo a una conducta de la vida privada, sin relación con la vida institucional.
También exigieron a promover acciones de prevención y de capacitación a la totalidad de docentes, directivos y funcionarios en temas de violencia, delitos sexuales y derechos humanos, con el objetivo de erradicar ese mal y transformar el entorno universitario.
