La importancia y trascendencia de la procuración de justicia electoral
La reforma político electoral de 2014 fue un parteaguas para México, al transformar el marco legal mediante la creación de nuevos preceptos, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Federal de Consulta Popular y, particularmente, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual entró en vigor el 24 de mayo de 2014.
E sta última tiene como objetivo establecer los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y mecanismos de coordinación entre órdenes de gobierno, con la finalidad de proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular.
En Zacatecas, esta transformación se materializó el 6 de junio de 2015 con la creación de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, dotada de recursos y autonomía técnica para prevenir, investigar y litigar estos delitos.
Esta fiscalía mantiene coordinación permanente con autoridades federales y estatales para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del voto libre, secreto y sin coacción.
Además, en cada proceso electoral, la Fiscalía General de Justicia emite lineamientos para que fiscales en los 18 distritos judiciales apoyen en los primeros actos de investigación, fortaleciendo la capacidad de atención inmediata ante denuncias y reportes.
La democracia es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. En ella, la ciudadanía juega un papel central, no solo al participar en la elección de representantes o juzgadoras y juzgadores, sino también al vigilar la legalidad de los procesos. Para ello, es importante comprender qué es la procuración de justicia y, más específicamente, la procuración de justicia electoral.
La procuración de justicia es una función esencial del Estado de Derecho, enfocada en investigar delitos, resolver conflictos derivados de estos y garantizar la protección de víctimas, la no impunidad y la reparación del daño.
En el ámbito electoral, esta función implica investigar delitos surgidos durante elecciones o procesos como la consulta popular y la revocación de mandato, con imparcialidad y especialización. Su objetivo es asegurar la equidad de las elecciones, el respeto a los derechos políticos y una participación libre de violencia, particularmente para las mujeres.
La procuración electoral debe mantenerse ajena a influencias políticas o intereses particulares, ya que su independencia fortalece su credibilidad y la confianza ciudadana. Es importante recordar que, en muchos delitos electorales, la víctima es la sociedad. La ciudadanía no solo es vigilante, sino aliada estratégica fundamental.
El 2024 trajo consigo cambios relevantes, al reformarse la Constitución para permitir la elección popular de ministras, ministros, magistraturas y juzgadoras y juzgadores, lo cual tendrá efecto el 1 de junio de 2025 en 19 entidades, incluida Zacatecas.
Sin embargo, al ser un proceso nuevo, la ciudadanía aún desconoce aspectos clave como las formas de campaña, el diseño de las boletas y cómo emitir su voto. Incluso las personas servidoras públicas enfrentan dudas sobre cómo participar sin incurrir en irregularidades, especialmente al manejar servicios públicos o programas sociales.
Esto se vuelve relevante considerando que tanto ciudadanía como servidoras y servidores públicos pueden ser víctimas o responsables de delitos electorales. Por ello, es fundamental que cuenten con herramientas para identificar conductas ilícitas, conocer sus derechos y saber dónde denunciar.
En este contexto, la Fiscalía Especializada centra sus esfuerzos en la prevención de los delitos electorales, a través de dos ejes: capacitaciones y difusión de información. Estas acciones son dirigidas a la ciudadanía, personal de instituciones públicas, municipios, universidades y medios de comunicación, estos últimos fundamentales para transmitir mensajes claros sobre lo permitido y lo prohibido en tiempos electorales, y evitar que se engañe a la población mediante dádivas o amenazas relacionadas con programas sociales.
Desde el 24 de febrero de 2025, se han capacitado 1 mil 430 personas en 38 sesiones (759 mujeres y 671 hombres), y se han distribuido 4 mil 101 materiales impresos informativos como carteles, cartillas y folletos.
En conclusión, la independencia y transparencia de las fiscalías electorales son clave para fortalecer la democracia y el Estado de derecho. La procuración de justicia electoral es un pilar institucional que permite proteger la voluntad popular expresada en las urnas, actuando como la última ratio del Estado frente a actos contrarios a la legalidad electoral.
Este 1 de junio, ejerzamos nuestro derecho a votar de forma libre, directa e informada, y contribuyamos activamente al fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana, acompañada de instituciones sólidas y comprometidas con la legalidad, es la mejor garantía de un futuro más justo, plural y democrático.
*Columna Colectiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE)
** Fiscal Especializada en Atención de Delitos Electorales