CIUDAD DE MÉXICO. Un tribunal federal echó abajo el proceso contra dos ex funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fueron imputados por la presunta contratación ilegal de la estadounidense WhiteWater Midstream para construir y transportar combustible en un gasoducto de Texas a México, por más de 72 millones de dólares.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México ratificó la no vinculación a proceso en favor de Javier Gutiérrez Becerril, subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad, y José Guadalupe Valdez García, subdirector de Energéticos, al no acreditarse el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Por unanimidad, los magistrados del tribunal determinaron sobreseer o cancelar en forma definitiva este expediente, porque el delito prescribió, es decir, ya había concluido el plazo que tenía la Fiscalía General de la República (FGR) para perseguir a los ex servidores públicos por estos hechos.
«Se decreta el sobreseimiento total del asunto, por prescripción de la acción penal», dice la sentencia.
Según el fallo, la FGR tenía seis años con tres meses para perseguir el delito, el cual debía contabilizarse del 9 de diciembre de 2016, cuando se suscribieron los contratos, al 9 de marzo de 2023.
La única posibilidad que tenía el Ministerio Público Federal para ampliar ese plazo era que llevara a cabo actuaciones ministeriales en la primera mitad de dicha temporalidad, y no lo hizo.
Si bien la FGR solicitó la audiencia de imputación dentro de esos seis años, esa actuación ministerial fue hasta el 4 de febrero de 2022, después de la primera mitad del plazo referido.
«Lo (anterior) llevó a determinar al Juez que el delito de uso indebido de atribuciones y facultades prescribió el 9 de marzo de 2023, por haber transcurrido más de 6 años 3 meses sin que se ejerciera la acción penal, la que en el caso se encuentra prescrita, lo que resultó legal», sentenció el tribunal.
Este fallo significa que la Fiscalía debe archivar la carpeta de investigación y ya no podrá perfeccionar la indagatoria para volver a llevarla ante los tribunales.
Debido a que la FGR tampoco puede hacer nada contra esta determinación, la CFE presentó un amparo directo contra la sentencia, mismo que resolverá un tribunal colegiado de circuito en materia penal.
Este asunto tiene su origen en seis contratos adjudicados en diciembre de 2016 por la CFE a WhiteWater Midstream y sus filiales, para la construcción de un gasoducto en Texas y la transportación de gas a México, por un total de 72 millones 86 mil 81 dólares.
La CFE denunció la presunta inexistencia de publicidad en el proceso de contratación, contrario a lo exige la norma; la pérdida de los documentos originales de dichos procedimientos y la inexperiencia de la contratista y sus filiales, porque fueron constituidas seis meses y tres días antes del contrato, respectivamente.
Contratación y denuncia
En el proceso por la presunta contratación ilegal de WhiteWater Midstream, la CFE ignoró los plazos legales.
Suscripción de contratos
9 de diciembre de 2016.
Obra
Construcción de gasoducto y transporte de combustible de Texas a México.
Funcionarios implicados
Javier Gutiérrez Becerril, subdirector de Modernización y Nuevas Áreas de Oportunidad.
José Guadalupe Valdez García, subdirector de Energéticos.
Costo
72 millones de dólares.
Delito
Uso indebido de atribuciones y facultades.
La CFE denunció la presunta inexistencia de publicidad en el proceso de contratación, pérdida de documentos originales e inexperiencia de la contratista y sus filiales, porque fueron constituidas 6 meses y 3 días antes del contrato.
Proceso legal
En julio de 2021, WhiteWater Midstream inició un arbitraje internacional contra la CFE por el impago del gas suministrado en febrero de ese año.
Aunque días después la CFE alegó que había irregularidades en los contratos con la empresa y que emprendería acciones legales, fue hasta febrero de 2022 cuando se llevó a cabo la actuación ministerial.
En abril de ese año, solicitó a una Corte de Texas una investigación para recabar pruebas contra la empresa para acreditar actos de corrupción en la entrega de contratos.
Pese a que la FGR solicitó la audiencia de imputación contra los ex funcionarios, dentro de los seis años que tenía de plazo, el proceso fue desechado porque no se inició en la primera mitad de dicha temporalidad.
Fallo
Sobreseimiento por prescripción de la acción penal.
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Agencia Reforma