FRESNILLO. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura de los municipios con actividad minera, como Fresnillo, el diputado federal Ulises Mejía Haro propondrá el regreso del Fondo Minero y del esquema 3×1.
Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa en El Mineral, donde indicó que la falta de este recurso afectó a los ayuntamientos para atender servicios básicos y combatir problemas sociales como la inseguridad.
Consideró que el recurso del Fondo Minero no debe transferirse directamente a los ayuntamientos, sino a proyectos en especie.
“Hubo municipios que recibieron millones de pesos y hoy no hay obras que justifiquen ese gasto. Se construyeron calles en colonias de alcaldes y empresarios y no en las comunidades más necesitadas. No podemos repetir esos errores”, advirtió.
Detalló que mediante un esquema multianual, vinculado a la duración de las concesiones mineras, se podría garantizar que los recursos realmente se traduzcan en mejoras para las comunidades más afectadas por la actividad minera.
“Si las empresas mineras permanecerán hasta 50 años en algunas regiones se debe elaborar un plan de inversión de largo plazo, donde año con año se realicen obras como hospitales, escuelas, carreteras o infraestructura básica, y no que los recursos terminen en zonas privilegiadas o en actos de corrupción”, puntualizó Mejía Haro.
Su propuesta también contempla destinar cierto porcentaje al sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac).
“Si destinamos incluso el uno por ciento del valor de la extracción minera al sistema de pensiones podríamos rescatar instituciones en crisis y garantizar jubilaciones dignas para los trabajadores de ese sector”, afirmó.
El legislador aseveró que su propuesta no solo implica regresar el Fondo Minero, sino mejorarlo: plantear mecanismos de transparencia, supervisión ciudadana y aplicación eficiente.
Por último, resaltó la importancia del regreso del esquema 3×1, pero esta vez de una manera transparente para evitar actos de corrupción en la implementación de los recursos en proyectos de impacto social.